Ignacio Camacho-ABC
- Invalidado el fraude político de la ‘cogobernanza’, el Gobierno carece de un modelo de gestión de crisis a gran escala
Dos sentencias seguidas del Tribunal Constitucional -es lento pero cuando entra en escena, entra con ruido-han dinamitado en la misma semana la cobertura jurídica del impuesto de plusvalías y del segundo estado de alarma con que el Ejecutivo de Sánchez abordó la crisis sanitaria. En el primer caso se trata de una carga fiscal abusiva y arbitrariamente calculada cuya anulación deja a los municipios ante un inesperado y sustancial recorte de sus finanzas. El segundo veredicto tiene asimismo enorme relevancia: significa que las atribuciones de restricción de libertadas endosadas a las autonomías mediante el inexistente principio de ‘cogobernanza’ corresponden en exclusiva al Estado según la Carta Magna, y por tanto no pueden ser delegadas. Es decir, que en este momento España carece de un modelo de gestión de emergencias de gran escala capaz de abordar otra eventual epidemia o la posibilidad, verosímil aunque por ahora lejana, de que el Covid repunte en una sexta oleada.
La solución de ese doble vacío legal, que afecta también al marco de los confinamientos, no figura sin embargo entre las prioridades legislativas del Gobierno. La actividad del Parlamento -cuya suspensión de las funciones de control durante seis meses ha merecido del TC un reproche bien severo- se ha centrado en asuntos como la memoria ‘democrática’, la eutanasia o las leyes de género, además de un nuevo marco educativo elaborado sin el más mínimo consenso y por tanto imponiendo a medio país el criterio excluyente del otro medio. Hacienda ha prometido a los ayuntamientos un difuso borrador, aún en el limbo técnico, que les compense de la pérdida de dinero, pero la ley de pandemias reclamada con insistencia por la oposición no ha recibido otra acogida que un desdeñoso silencio. Por no mencionar la ausencia de previsiones sobre el cada vez más inquietante problema energético. Eso sí, se va a derogar la reforma laboral, herramienta clave en la creación de empleo, y en el horizonte asoma una norma de protección de mascotas que extenderá a los animales domésticos un tranquilizador catálogo de derechos.
Como ya quedó constatado en la irrupción del coronavirus, de la que sólo le preocupaba eludir su propio desgaste, el sanchismo no estaba ni está preparado para enfrentarse no ya a catástrofes sino a cualquier clase de contratiempos reales. Tanto el PSOE como Podemos viven instalados en una política fantasma, virtual, que ignora la existencia de las dificultades que las circunstancias le ponen delante. No está claro si por sectarismo o por incompetencia, lo cierto es que su gestión exhibe una inquietante falta de solvencia y de soluciones eficaces cuando no topa una y otra vez con los tribunales. Nos estamos adentrando en una tormenta sin que al timón haya nadie con experiencia, temple o responsabilidad para saber manejarse ante una situación verdaderamente grave.