No conozco a nadie que se oponga, sin más, a las subidas de los salarios. Me refiero a los mínimos y a los bajos aunque no sean mínimos. Por supuesto los altos despiertan más recelos/envidias/oposición. Quienes los perciben porque mejoran su renta y disponen de una mayor capacidad de compra. Quienes los pagan porque así los consumidores pueden comprar más productos fabricados por ellos.

El problema -reconozco que es una faena- radica en que el nivel de los salarios en el tiempo no depende sólo de los deseos de unos y otros. Depende de otros factores más complejos, entre los que se encuentra en primer plano la productividad del trabajo así remunerado y esa es una función, igualmente compleja, de temas como el nivel de formación, la inversión, el valor añadido, la actuación de los competidores, el momento de los mercados y otros asuntos igualmente odiosos. Si no fuera cierto, ¿por qué no subir el SMI el doble o el triple?

Por todo eso, lo que no me gusta de esta nueva subida que prepara el Gobierno no es su tamaño -15 euros no es una fortuna y supone un aumento que es la mitad de la inflación actual-, sino que responde a motivaciones de oportunidad política y no considera las circunstancias económicas. La prueba de ello es que es general para todo el país, cuando es evidente que ni las productividades son homogéneas ni los niveles salariales similares.

El objetivo marcado por Pedro Sánchez es que el SMI alcance el 60% del salario medio. Bueno, pues eso sucede ya en más de la mitad de las comunidades autónomas. Y lo mismo sucede con quienes deben soportar las subidas. No es igual la capacidad de absorción de la subida que tiene Telefónica o el Banco Santander -en donde dudo que nadie gane el SMI-, que una micropyme o un autónomo. Cuanto más se generaliza una decisión más daño se causa.

La decisión supone una autentica derrota para la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que siempre se ha opuesto a la subida, al menos hasta que se confirme la recuperación, y un triunfo para la siguiente en el escalafón, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Unidas Podemos se impone de nuevo y, ya que son incapaces de arreglar el problema de la factura de la electricidad, al menos que quede clara la bondad intrínseca del Gobierno progresista.

Como el salario lo pagan otros, ¿por qué íbamos a ahorrarles el esfuerzo si encima nos votan poco? No obstante, el hecho de que por ahora no hayan convencido a la patronal es una mala noticia. Quedan muchas cosas importantes por decidir -la reforma laboral y las pensiones entre otras-, y sería muy necesario que las medidas se adopten por consenso entre los agentes sociales y no por imposición gubernamental.