EL CORREO – 27/02/15
· Historiadores presentan un estudio en el Parlamento que señala a la banda terrorista como la «más letal en democracia».
Aunque muchos de ellas quizás no lo han sabido nunca, ETA recopiló información de más de 15.600 personas durante los años en los que su actividad terrorista fue más intensa. Políticos del PP y del PSOE, empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad fueron los colectivos que la banda convirtió en objetivos prioritarios, pero también recabó datos de escoltas, escritores, personal de la universidad y representantes de otras formaciones, incluida Herri Batasuna. Los datos forman parte del informe ‘Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas 1968-2010’, que ayer se presentó en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco.
El documento, de 187 páginas, ha sido elaborado por varios historiadores del Instituto Valentín de Foronda de la UPV para intentar «arrojar luz» sobre los diferentes actos de terrorismo que se han producido en Euskadi, una violencia que «ha condicionado todas las dimensiones de la vida ciudadana». Los autores del análisis dividen el informe en cuatro etapas: franquismo, Transición, consolidación democrática y «socialización del sufrimiento».
A través de documentación procedente de varias fuentes, los integrantes del Instituto de Foronda sostienen que los historiadores son «los profesionales competentes para explicar con rigor» cómo fue una época en la que se contabilizan 914 muertos, 845 de ellos a manos de ETA «y organizaciones afines». De hecho, los investigadores recalcan que ha sido esta banda «la principal responsable de la escalada terrorista en Euskadi» al haber sido la «más longeva, mortífera y con mayor apoyo social». Destacan, asimismo, que «a pesar de nacer contra una dictadura, el terrorismo de ETA fue más letal en democracia».
El texto, que fue presentado en el Parlamento vasco a instancias del PSE, arranca con una breve contextualización histórica de cómo surgió ETA para explicar su posterior evolución y la aparición de grupos terroristas de signo contrario. El volumen incluye material gráfico y también realiza una «aproximación a otros efectos del terrorismo», un epígrafe en el que están incluidos los costes económicos, el número de atentados, los heridos y los amenazados.
Se trata, en la mayoría de los casos, de cifras descomunales que demuestran el impacto social que ha tenido en Euskadi el terrorismo. Según destacan los autores del trabajo, aunque los atentados han desaparecido de la escena pública, el terrorismo «no pertenece únicamente al pasado, puesto que sus consecuencias se proyectan constantemente sobre nuestro presente y futuro».
El dato, por ejemplo, de cuántas personas estuvieron vigiladas por la banda resulta significativo. El informe no aclara si fueron seguimientos personales o si los terroristas se limitaron a recabar datos mediante recortes de periódicos. Pero, aun así, el número evidencia la voluntad de ETA por aplicar la «socialización del sufrimiento» mediante la coacción. Los historiadores del Instituto de Foronda recalcan, en base a informes de la Guardia Civil, que más de 15.600 personas fueron objeto de seguimientos por parte de ETA.
En todo caso, admiten que se trata de una cifra conservadora, ya que los datos sólo abarcan hasta 2001, por lo que la última década de actividad terrorista no está contabilizada. En sentido, admiten que en los apuntes recopilados por las fuerzas de seguridad solo aparecen como fallecidos cuatro personas bajo el epígrafe «traficantes de droga», cuando la organización «mató a una treintena de personas bajo esa acusación», o un solo exmilitante de ETA, cuando asesinó «a cinco».
Aunque piden «cautela» a la hora de analizar los datos y reconocen que otros estudios han ido todavía más allá –Gesto por la paz habló de 42.000 personas–, los autores del informe sí enfatizan que las tablas presentadas muestran «la relativa pluralidad» de los amenazados y la «amplitud de la intimidación». «Las dificultades de cálculo son similares a las que genera la suma de aquellos amenazados que se vieron obligados a abandonar el País Vasco», sostienen.
213 de la universidad
El listado es amplio. Más de 3.700 políticos del PP, casi 1.300 del PSOE, más de 150 del PNV, alrededor de 2.700 miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército, más de un millar de personas vinculadas a la judicatura o la fiscalía, 213 incluidas en el apartado «universidad». Hay «diferentes sectores profesionales y procedencias geográficas». Entre las personas de las que ETA recabó información hay 14 políticos del BNG y 6 del Partido Andalucista. «Estar en la lista no significa que la información recabada fuese a ser empleada para atentar contra ellas. No cabe calificarlos como objetivos de ETA», aclaran los historiadores, que también aportan datos económicos.
Sólo en el periodo comprendido entre 1971 y 2001, el Consorcio de Compensación de seguros pagó más de 161 millones de euros por daños personales y materiales provocados por el terrorismo. A esto hay que sumar que 3.400 víctimas de ETA o sus familiares, incluidas las de la kale borroka, han sido indemnizadas con cantidades que rondan los 400 millones de euros. De ellas, 862 por fallecimiento y alrededor de 700 con gran invalidez o incapacidad absoluta o total.
El estudio también aporta otras conclusiones. Por ejemplo, recuerda que sólo 10.000 de las 40.000 personas detenidas por su presunta vinculación con el terrorismo acabaron siendo imputadas. Un exceso que también ha servido «a la hora de difundir la comprensión o justificación de la violencia terrorista en el marco general de ‘las violencias’».
EL CORREO – 27/02/15