EL MUNDO 8/03/13
Seis eurodiputados de formaciones nacionalistas han enviado una pregunta por escrito a la Comisión Europea para que valore si España cumple con los requisitos que exige la UE a sus estados miembros en materia de independencia del poder judicial después de la destitución del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol.
Los diputados Ramón Tremosa y Salvador Sedó (CiU), María Badia y Raimon Obiols (PSC), Raül Romeva (ICV) y Ana Miranda (BNG) son los firmantes de esta pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo comunitario, ante el que muestran su «preocupación» por el hecho de que el fiscal superior de Cataluña haya tenido que dimitir a causa de su opinión legal sobre el derecho de los catalanes a ser consultados. En su opinión, esta dimisión es un «indicador» de «los problemas del sistema judicial español».
Los argumentos expuestos en la carta inciden en el hecho de que los criterios de adhesión a la UE son especialmente estrictos en lo que respecta a la independencia del poder judicial respecto al político. «La independencia judicial es de suprema importancia», recuerdan en la misiva, según informó ayer Convergència en un comunicado.
Criterios de Copenhague
Las instituciones europeas no sólo deben garantizar que un país miembro cumple con estos requisitos -conocidos como los Criterios de Copenhague- cuando accede al bloque comunitario, sino durante toda su permanencia. Al margen de esta misiva, algunos políticos europeos han cuestionado en los últimos meses la escasa labor de supervisión que Bruselas lleva a cabo sobre países ya consolidados dentro de la UE en lo que respecta a la calidad democrática de sus instituciones, mientras que en otros países recién adheridos, como Bulgaria o Rumanía, la vigilancia es constante.
Algunos de estos eurodiputados ya han enviado con anterioridad otras preguntas parlamentarias a la Comisión para conocer su opinión sobre la independencia de Cataluña. En septiembre de 2012, Tremosa, Miranda y Romeva pidieron a Bruselas una «hoja de ruta democrática y transparente para casos de independencia». Un mes después, pidieron su intervención ante «los riesgos reales de una posible acción militar en Cataluña y el tono que están usando miembros del PP y del Gobierno español».