EL MUNDO 8/03/13
La «proclamación unilateral» de la independencia por parte del Parlamento catalán es una de las hipótesis que plantea el Instituto de Estudios Autonómicos (IEA), un organismo dependiente de la Generalitat, en un informe que debe servir de base jurídica para la celebración de una consulta soberanista. El trabajo da, sin embargo, prioridad a las vías «legales» y a la negociación con el Gobierno.
El informe, de 43 páginas y firmado por el director del IEA, Carles Viver Pi-Sunyer, es en realidad un borrador encargado por la Generalitat para vestir la propuesta del presidente catalán, Artur Mas, de realizar una consulta soberanista. Ambas cosas quedan claras en un texto lleno de errores ortográficos y sintácticos y que en todo momento parece buscar la manera de legitimar el referéndum en el marco internacional por la vía de dejar en evidencia la «falta de voluntad política» del Gobierno central para ayudar a su celebración.
El trabajo concluye -como ya adelantó la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en el Parlament- que existirían hasta cinco vías de toda «legitimidad jurídica» para convocar «una consulta popular de ámbito autonómico sobre el futuro colectivo de Cataluña».
Pero, a modo de advertencia, añade que «los juristas deben ser conscientes de que, como demuestra la Historia, si las reivindicaciones políticas no encuentran en el ordenamiento jurídico vigente mecanismos para expresarse, estas reivindicaciones abren siempre vías alternativas en otros marcos legales (como el internacional) a través de consultas no oficiales o alegales o a través de declaraciones unilaterales de los parlamentos».
El texto también recomienda a la Generalitat buscar la vía para celebrar la consulta que «ofrezca más garantías de que el Estado no podrá alegar motivos de inconstitucionalidad mínimamente consistentes» para impedirla, y se vea obligado a oponerse por causas «políticas». Esa «constatación» sería «un dato capital a la hora de justificar, internamente y ante la comunidad internacional, la apertura de vías alternativas», entre otras la «declaración unilateral por parte del Parlamento de Cataluña».
En cualquier caso, la opción preferida por los firmantes del documento es el referendo regulado y autorizado por el Estado en virtud de lo que dispone el artículo 92.1 de la Constitución, que establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». El texto sugiere que «para activar esta vía sólo haría falta que la Generalitat se dirigiera al Estado para que el Gobierno solicitara al Congreso de los Diputados la autorización para convocar la consulta».
Los juristas del Instituto de Estudios Autonómicos creen que el fracaso de esa vía por falta de voluntad política del Gobierno español «permitiría ya abrir legítimamente, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, las vías alternativas».
El documento cita hasta en cinco ocasiones el plan Ibarretxepara prevenir a los dirigentes catalanes de los errores que permitieron desestimar aquel texto. No en vano, Mas siempre ha querido rehuir la comparación con el ex lehendakari.
Los expertos que asesoran a la Generalitat proponen también otros cuatro mecanismos posibles para ejercer el «derecho a decidir» sin salir del marco legal vigente: la actual ley catalana de consultas populares por vía referéndum -que, aunque fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por José Luis Rodríguez Zapatero, está «plenamente vigente»-; la nueva normativa de consultas no refrendatarias que actualmente se tramita en el Parlament -que con toda seguridad también será recurrida por el actual Gobierno español-; los referendos consultivos previstos en la Constitución Española, y la reforma de la Carta Magna.