A pesar de las ayudas movilizadas por el Ejecutivo PNV-PSE, el tejido productivo de la comunidad ha dado muestras de una profunda debilidad hasta el punto de precipitar traumáticos cierres de compañías y pérdidas de empleo en medio de una creciente conflictividad sindical. No todos los casos de firmas en peligro se han resuelto como Talgo y Ayesa, que han exigido un enorme esfuerzo de concertación pública y privada para salir airosas del embate internacional y de las propias penurias domésticas.

Euskadi llegará en junio al ecuador de la legislatura entre dos fuegos. La hoja de ruta vasca se ve alterada por la agitación exterior posiblemente como nunca antes, mientras los partidos preparan en casa las próximas elecciones municipales y forales de mayo de 2027, un examen a la gestión más cercana. De alguna forma, la envergadura de la crisis internacional ha solapado la resolución de otros problemas más arraigados y vinculados a lo identitario, como la política lingüística y el encaje del País Vasco en el conjunto de España. Las discrepancias en torno a un nuevo estatuto vasco y a la exigencia del euskera en las oposiciones han llevado al Gobierno de Pradales a aplazar la búsqueda de consensos que se antojan en todo caso muy complejos. A pesar de algunos sobresaltos provocados por el rebrote de la intolerancia, se puede concluir que la política ha tirado de pragmatismo para no agravar las diferencias. Está por ver si las fuerzas en liza son capaces de mantener esta aparente prudencia a medida que se acerca la cita con las urnas. El acceso a la vivienda y la mejora de la sanidad, también afectadas por las convulsiones exteriores, son retos sociales que no pueden esperar.