ABC – 17/02/16 – IGNACIO CAMACHO
· El político más anticapitalista quiere someter la negociación de investidura a la implacable ley del mercado negro.
Se trata del estado de necesidad. Las condiciones leoninas que Pablo Iglesias ha puesto al PSOE obedecen a su perfecta comprensión de la debilidad en que se encuentra Pedro Sánchez. El político más anticapitalista pretende someter la negociación a la más implacable ley del mercado negro. A diferencia de los de Ciudadanos, sus votos valen la Presidencia y pretende exigir por ellos un precio especulativo. Detrás del centenar de folios hay una oferta simple: el poder, todo el poder, a cambio de la investidura.
Podemos es el partido que menos tiene que perder, y más que ganar, en caso de nuevas elecciones. Por tanto, sólo le interesa evitarlas si obtiene una compensación adecuada a sus intereses, que están centrados en la ocupación rápida del Estado –el célebre «asalto a los cielos»– y en la minimización del Partido Socialista. La determinación de Sánchez por ser presidente le ofrece una oportunidad de acelerar sus planes de hegemonía utilizando al propio PSOE como palanca de lanzamiento. Y el tiempo corre a su favor a medida que al candidato se le estrecha el horizonte. En realidad, el plazo no caduca hasta mayo, pero Iglesias ha volcado ya el reloj de arena.
El referéndum catalán tiene pinta de cortina de humo. Tal vez no sea la exigencia cimarrona que tumbará el acuerdo, sino la cláusula-trampa cuya anulación lo hará posible. Es un obstáculo demasiado visible para no tener truco; está ahí para ser retirado en última instancia. Para simular un quidproquo de mutua buena voluntad y volver en apariencia tolerables las concesiones draconianas del resto del contrato.
Esas condiciones implican un cambio de régimen. No las económicas, sino las políticas. Un salto de la democracia representativa a la asamblearia popular, basada en eliminar los contrapesos institucionales mediante mecanismos revocatorios. Es un modelo autoritario que se arroga hasta la gestión de un fantasmagórico «derecho a la Verdad» y subordina las garantías de las libertades a la cúpula –incluso policial– de una estructura de poder hiperconcentrado. Y es también, aunque en eso poca discrepancia encontrará en el PSOE, un designio de exclusión de la derecha como agente político.
Cualquier partido con mediana inteligencia colectiva entendería la amenaza que encierra un proyecto así. Pero en este momento el PSOE vive en un conflicto entre sus intereses como organización y los personales de su liderazgo. La salida sensata confluiría en un acuerdo con C’s, pero, aunque podría cuajar en breve, tendría sólo un carácter testimonial, condenado a la inviabilidad por falta de masa crítica parlamentaria. Iglesias es consciente de la situación de su interlocutor y lo presiona con una auténtica exacción política: no le pide sólo las llaves del Gobierno, sino las de todo el aparato del Estado. Y el problema es que resulta probable que Sánchez esté dispuesto a dárselas.