El pacto alcanzado entre el Partido Popular y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura tiene importantes repercusiones, y a varias bandas. Una de ellas actúa como premisa ante la opinión pública: la derecha no tiene que pedir perdón por los acuerdos de gobierno que alcancen sus partidos con compromisos a largo plazo. Era importante no sucumbir a la propaganda del PSOE sobre el avance de la ‘ultraderecha’, porque el socialismo español carece por completo de autoridad moral y política para criticar los pactos de otros. El de Sánchez es un Gobierno participado por comunistas –el único de Europa–, apoyado por condenados por terrorismo que siguen sin pedir perdón por sus crímenes y negociado en Ginebra con un prófugo de la Justicia y con la mediación de un diplomático salvadoreño. Lecciones, ninguna.

Para el PP y Vox este acuerdo era el desenlace inevitable de sucesivos resultados electorales inequívocos en su interpretación. El PP es la formación llamada a liderar la opción ideológica conservadora en España y, especialmente, el cambio político necesario para recuperar la normalidad democrática perdida en estos años de legislatura sanchista. Para ambos objetivos era necesaria la concurrencia de Vox, partido que ha atraído votos que nunca han sido del PP y que consolida la mayoría necesaria para desalojar a Sánchez de La Moncloa. Por su parte, Vox estaba obligado a escuchar a sus votantes y comprender correctamente la evolución de los tiempos. La disyuntiva era clara: o pactar para conservar la influencia sobre el PP o forzar a muchos de sus seguidores a desertar al PP o a ingresar en la abstención.

Roto el temor a los pactos con Vox y superados los juegos tácticos, tan estériles como inoportunos, de la formación de Santiago Abascal, ambos partidos están emplazados a garantizarse recíprocamente los principios de «lealtad, transparencia y comunicación permanente» que están enunciados en el umbral del pacto extremeño. El reto es especialmente intenso para Vox, un partido sin gestión, de la que huyó rompiendo arbitrariamente unos pactos autonómicos a los que ahora ha de volver por necesidad. Era hora de que un partido autoproclamado como motor del cambio asumiera la carga de gobernar y de hacer pasar sus propuestas por el tamiz de la realidad política, social y jurídica de este país. El PP también sabe lo que ha pactado, asumiendo propuestas típicas de Vox, de signo identitario, que resultan ásperas –que no incompatibles– a su definición liberal-conservadora. Todos tienen que estar a lo firmado.

El camino para los pactos en Aragón y Castilla-León está despejado, una vez cerrado el de Extremadura. Los resultados en Andalucía pueden culminar la etapa preliminar que desemboque en las elecciones generales del gran cambio. Estos acuerdos entre PP y Vox tendrán miles de ojos encima para explotar sus contradicciones, errores o excesos, sobre todo verbales. Del megáfono en la calle, Vox tiene que pasar a la política institucional y asumir que estos gobiernos de coalición autonómicos serán para muchos ciudadanos la medida del cambio de ciclo que necesita España en 2027.