EL MUNDO 07/03/13
Advierte a la consejera vasca que no se plantea replegar a policías ni guardias civiles
Los etarras David Pla, Iratxe Sorzabal y Josu Ternera ya pueden empezar a esconderse bien. El ministro Fernández Díaz les mandó ayer un mensaje después de saberse que a mediados de febrero la cúpula de ETA abandonó Oslo después de que hasta las autoridades noruegas les dieran por imposibles de puro intransigentes. «Estén donde estén, ni la Policía ni la Guardia Civil van a dejar de actuar contra ellos; tendrán que responder ante la Justicia y quienes tienen causas pendientes, tendrán que cumplirlas», dijo el titular de Interior para referirse a ellos y al resto de los etarras huidos.
¿Por qué el Gobierno no le pidió a Noruega -durante el año que han estado allí- que los expulsase y que los entregase? ¿Qué creen los responsables de Interior que tienen pensado hacer los jefes etarras ahora que se han ido del lugar donde esperaban contactar con el Ejecutivo de Rajoy? ¿Temen algún paso atrás de la banda? Sobre todo esto, el ministro no se pronunció claramente o simplemente no se pronunció.
Dio a entender que el Gobierno conocía desde el principio la estancia de los etarras en Noruega -no podía ser de otro modo porque EL MUNDO lo publicó en junio del pasado año-, pero se negó a dar mayores explicaciones. «El Gobierno tiene la información que debe tener», dijo; «a buen entendedor pocas palabras bastan», añadió, y más adelante advirtió: «La sociedad vasca no les permitiría que volviesen a las andadas y, por supuesto, las Fuerzas de Seguridad tampoco».
El de ayer fue el primer encuentro del ministro con la consejera de Interior del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán, que puso especial énfasis en la «situación nueva» que vive el País Vasco y fue incapaz de pronunciar la palabra atentado para referirse a las actividades desarrolladas por ETA. La terminología utilizada por ambos fue indicativa de sus diferencias -a Fernández Díaz le molesta incluso aludir a la existencia de un «proceso de paz»-, pero los dos se mostraron seguros de la lealtad mutua con la que van a trabajar para lograr la «convivencia en el País Vasco». La visita de Beltrán de Heredia tenía como objetivo plantear la aspiración del Gobierno vasco de que se produzca un repliegue de policías y guardias civiles en Euskadi, pero era inevitable que salieran a colación las ópticas distintas -coinciden, eso sí, en la exigencia urgente a ETA de que se disuelva- con las que afrontan el objetivo común.
Por ejemplo, al ministro del Interior se le preguntó sobre las declaraciones del fiscal superior del País Vasco en las que abogaba por la desaparición de la Audiencia Nacional o la recuperación de las competencias sobre terrorismo para los juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Fernández Díaz resolvió que sobre la oportunidad o no de abrirle un expediente de remoción a Juan Calpalsoro, ha de estimarla el fiscal del Estado, y que ninguna de esas propuestas debería ser previa a la disolución efectiva de ETA. Ahora bien, una vez la banda tome esa decisión, el ministro abrió la puerta a todo: a cambios en la política penitenciaria y a hablar del alcance de los juzgados centrales o de Vigilancia.
«No es lo mismo una ETA que no quiere disolverse que una que se ha disuelto por las buenas o por las malas; no es lo mismo un preso que ha cumplido los requisitos legales para reinsertarse que otros que hacen ostentación de su pertenencia a ETA», señaló, y de este modo hizo dos cosas: dibujar el panorama futuro y comerles la moral a presos y huidos, el talón de aquiles de la banda ahora.
Así pues, hubo diferencias con Beltrán de Heredia sobre cuál es el momento y el alcance oportuno de las medidas que se deben adoptar a este respecto, así como sobre reducir agentes de las Fuerzas de Seguridad en Euskadi (una reivindicación hecha por la izquierda abertzale reiteradamente). «En ningún caso he hablado de repliegue, ni nos lo estamos planteando. Sí nos hemos referido a mejorar e intensificar la coordinación con la Ertzaintza», respondió Fernández Díaz a la consejera, quien argumentó que «los policías necesitan adaptarse a la nueva situación». «Las Fuerzas de Seguridad tuvieron un despliegue excepcional por razón de la lucha antiterrorista», constató, y defendió que ahora ha de producirse una «optimización de recursos» y un respeto a las competencias policiales. Consensuaron dirimir este asunto en la próxima reunión de la Junta de Seguridad, que es el organismo asignado.
Sobre Corinna y los policías que la escoltaron presuntamente cuando supuestamente vivía en El Pardo, ni palabra del ministro del Interior.