EL MUNDO 07/03/13
· Fernández Rodríguez plantea reducir las CCAA a 13 y limitar sus competencias (Leer + http://www.transicion.org/90publicaciones/DT_7_WEB.pdf)
Al igual que hizo hace escasas semanas el Foro de la Sociedad Civil, la Fundación Transición Española presentó ayer un documento de trabajo que propone acabar con el modelo de estado descentralizado actual, pero que no plantea la supresión de las autonomías, como sí hizo el Foro que preside Ignacio Camuñas, sino una «reforma en profundidad del modelo territorial» para vertebrar un «Estado de las autonomías corregido». A continuación, resumimos por su interés el diagnóstico y las principales propuestas presentadas:
SIN MODELO CLARO
El catedrático de Derecho Administrativo Tomás-Ramón Fernández Rodríguez apunta en su estudio que uno de los errores de origen del modelo autonómico radica en que la propia Constitución «no establece modelo alguno», sino que aprobó un sistema «indeterminado» que quedó a expensas de lo que después pudiera decidirse. «Los acontecimientos se desarrollaron con una inusitada rapidez y muy pronto se hizo evidente que ‘todos querían todo’», relata gráficamente.
Fernández Rodríguez formó parte en 1981 de la comisión de expertos que puso en marcha el Gobierno de Adolfo Suárez de acuerdo con el principal partido de la oposición, el PSOE que entonces dirigía Felipe González. Esta comisión se puso a trabajar en el desarrollo del modelo autonómico e hizo una serie de recomendaciones que fueron en principio asumidas por los dos grandes partidos. Un compromiso, denuncia el catedrático, que desapareció cuando se esfumó el miedo a un nuevo golpe de Estado como el del 23-F. A partir de entonces, explica, se dejó paso «a la desmesura y al descontrol» autonómicos.
Las propuestas que en su día hizo la comisión iban en la línea de encauzar el modelo para evitar una duplicación de la Administración central en el ámbito autonómico y para que no se produjera una «burocratización» de las comunidades, con la formación de «un aparato administrativo extenso». Por ejemplo, proponían que los ejecutivos regionales no tuvieran más de 10 miembros y que no existiera más personal de libre designación que el «estrictamente preciso».
«ESTADO INGOBERNABLE»
El modelo no se corrigió en aquellos primeros años. Y tres décadas después tenemos «17 estaditos yuxtapuestos», explica el profesor, lo que provoca que el Estado español sea «disfuncional e ingobernable».
El estudio cita sólo algunas cifras para poner de manifiesto el descomunal desarrollo burocrático de las autonomías. Ahora tenemos más de 1.200 diputados autonómicos; 1,3 millones de trabajadores al servicio de las CCAA; 166 embajadas regionales en el extranjero; multitud de consejos consultivos, defensores del pueblo, consejos económicos y sociales…
El colofón a este desarrollo fue el Estatuto de Cataluña de 2006, como señala el también académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El mismo, señala, estableció un nuevo modelo de rango confederal. El Tribunal Constitucional lo recortó en 2010, pero de forma -entiende el catedrático- insuficiente.
El Estatuto catalán provocó entonces un «efecto contagio», de forma que hoy tienen estatutos «maximalistas» la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Baleares y Castilla y León, según el mismo análisis.
REDUCIR LAS CCAA
Tomás-Ramón Fernández Rodríguez plantea que todo este galimatías sólo puede solucionarse con una reforma profunda de la Constitución y de su Título VIII que establezca «un modelo territorial claro y de perfiles bien definidos». No se trata, apunta, de volver a un estado unitario, como el que ha habido en España en los últimos siglos, sino de perfilar un «Estado de las autonomías corregido».
La primera corrección importante que apunta es la reducción del número de comunidades a un máximo de 13 e integrar a la mayoría de las que hoy sólo tienen una provincia en otras (Asturias, Cantabria, Navarra, Baleares, La Rioja, Murcia y Madrid). Las nuevas CCAA serían: Galicia, País Vasco, Cataluña, Navarra. Aragón, Castilla la Vieja (Cantabria, Burgos, La Rioja, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia), la Comunidad Astur-Leonesa (Asturias, León, Zamora y Salamanca), Castilla la Nueva (Castilla-La Mancha y Madrid), Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Baleares.
FIJAR LAS COMPETENCIAS
El documento de trabajo establece que la Constitución debería fijar un reparto competencial definido para que deje de estar siempre abierto. Además, cree conveniente prescindir de las leyes de transferencias del artículo 150 de la Carta Magna porque «estimulan la voracidad de los líderes periféricos». El modelo que propone es el alemán porque admite, junto a las competencias propias de la Federación (el Estado), un amplio campo de competencias concurrentes en las que los estados federados pueden legislar, siempre que la Federación no lo haga.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Fernández Rodríguez también entiende que la Constitución debe acometer una reforma local para que las diputaciones se puedan hacer cargo de las competencias de los municipios más pequeños, en principio los de menos de 20.000 habitantes. Este planteamiento va en línea con el del Gobierno en su propuesta de reforma local que va a ser discutida en el Congreso y al que el PSOE y todos los demás partidos, en principio, se oponen.
REFORMA FISCAL
Otro punto fundamental que el catedrático plantea es una reforma de la haciendas estatal y las autonómicas que defina con claridad los campos de cada una de ellas. Remitirlo a una ley orgánica -como hace ahora la Constitución-, señala, «supone dejarlo abierto permanentemente, lo que sólo sirve para perpetuar la insatisfacción, las reivindicaciones y los conflictos, así como el parcheo continuo».
LEY ELECTORAL
Por último, y sin detallarla, el estudio aboga también por una reforma de la Ley Electoral, ya que la actual «tiende a dar la llave de la mayoría gubernamental a las fuerzas nacionalistas». Además, apunta, el sistema electoral actual es muy injusto con los partidos medianos de implantación estatal, como Izquierda Unida o Unión Progreso y Democracia (UPyD), que tienen menos diputados que las formaciones nacionalistas y muchos más votos. IU, resume, necesita más de 150.000 votos para conseguir un escaño y UPyD, más de 200.000. Sin embargo, a CiU un diputado en el Congreso le cuesta 63.000 votos y al PNV, 64.000.
Todas estas ambiciosas reformas -concluye el estudio presentado ayer- hacen «imprescindible» el consenso entre los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, que suman, dice, más del 80% de los sufragios en las elecciones generales.
(Leer + http://www.transicion.org/90publicaciones/DT_7_WEB.pdf)