Frenesí totalitario

El socialismo español no estuvo –en sus primeras décadas– bien emparentado con la verdadera democracia: el sistema democrático liberal que comenzó a desarrollarse en Inglaterra, alcanzó su plenitud con la Constitución de EEUU y más tarde se fue implantando en los países que –gracias a dicho marco institucional- se han venido convirtiendo en los más ricos y civilizados de la tierra.

En tiempos de la 2ª República, los partidos de izquierdas con el PSOE a la cabeza, además de redactar de prisa y corriendo una constitución más cercana a la de la URSS que a las liberales de entonces y de siempre, cuestionaron la independencia judicial, establecieron censura previa de prensa -hasta, incluida, la Guerra Civil-, suprimieron las elecciones municipales, se negaron a aceptar que formara gobierno el partido ampliamente ganador de unas elecciones, dieron un golpe de Estado fallido, no llevaron a cabo investigación alguna del crimen de Estado –secuestro y asesinato- por la fuerzas de seguridad del Estado del líder de la oposición, el diputado Calvo Sotelo, etc.

Con la Transición, España se dotó de una Constitución –redactada sin prisas ni sesgos comunistas– consensuada y legitimada en un referéndum, de orientación liberal con tintes socialdemócratas, con división de poderes y alternancia política, al estilo de los modelos más acreditados.

Toda una enmienda –no planteada así, por cobardía política– constitucional, para imponer una democracia totalitaria

Sin embargo, con la llegada del PSOE al poder, una ley orgánica de 1985 se benefició de su amplia mayoría parlamentaria para imponer una abusiva y obviamente ilegal –para cualquiera que lea nuestra Carta Magna- politización del Consejo del Poder Judicial, sin precedentes en los países civilizados; que para nuestra vergüenza la UE ha ordenado rectificar. El argumento socialista de entonces y de ahora es que la justicia no puede ser autónoma e independiente de quien ha ganado las elecciones. Toda una enmienda –no planteada así, por cobardía política– constitucional, para imponer una democracia totalitaria.

La democracia totalitaria -trasunto de la “volonté générale” del revolucionario Rousseau- consiste en negar la libertad personal, la limitación del poder político, la división de poderes y –cual adanistas– no respetar tradiciones ni leyes que no hayan establecido los gobernantes totalitarios de cada momento histórico.

Ni que decir tiene que ninguna democracia totalitaria -en sus diversos grados- cosechó resultados positivos nunca, mientras que el reciente y generalizado seguimiento bolivariano de esta fórmula de gobierno, con Venezuela como más evidente ejemplo, muestran ya y auguran desastres por doquier.

Por fortuna, España todavía “está en nuestras manos” –frase profética de Julián Marías– pues como se comprobó en Andalucía, es muy posible una alternativa política liberal frente al totalitarismo reinante. Además, tres baluartes de mucho peso institucional: la Monarquía constitucional, la Justicia todavía independiente y las reglas de juego de la UE limitan el alcance de las perniciosas intenciones políticas progresistas.

Ninguneando la figura de la Jefatura del Estado que tan brillantemente ejerce el Rey, avasallando el Poder Judicial y negando por completo la independencia de la Justicia

Ante la avalancha de encuestas coincidentes en pronosticar malos resultados para los partidos integrantes del actual gobierno, un verdadero frenesí totalitario –como si no hubiera mañana- está protagonizando la labor del gobierno: ninguneando la figura de la Jefatura del Estado que tan brillantemente ejerce -cuando le deja el Gobierno– el Rey Felipe VI, avasallando el Poder Judicial y negando por completo la independencia de la Justicia, colonizando políticamente todo tipo de respetables instituciones del Estado e incluso privadas cotizadas en bolsa sin respetar las más elementales normas y desoyendo a la UE, que para nuestra vergüenza -de la sociedad, no del gobierno– nos ha señalado la necesidad de despolitizar por completo el Consejo del Poder Judicial.

El socialismo español, que gracias al abandono del marxismo y su estrecho acercamiento a la socialdemocracia europea propiciados por Felipe González normalizó su relación con la democracia liberal –con algunas contradicciones ya citadas– está abandonando la senda constitucional –desde Zapatero a Sánchez– tratando de reinventar la historia, renegando de la Transición, para regresar a sus orígenes francamente totalitarios.

Ya sabemos de sobra, en esta columna, que el socialismo español del siglo XXI -Zapatero & Sánchez- ha consolidado los peores registros económicos –renta per cápita, empleo y deuda pública- de la historia contemporánea de España. Pero a dichas pésimas hazañas económicas, Sánchez, a una velocidad inusitada, ha incorporado una interminable sucesión de decisiones orientadas en la misma dirección –en otras circunstancias y a distinto ritmo– que ha venido recorriendo Venezuela:

-Importando los “Aló Presidente” de allí y las ruedas de prensa solo para medios afines; algo imposible de encontrar en los países civilizados.

-Forzadas suplantaciones de la figura del Jefe de Estado, tratando torpemente de confundirla con la típica del primer ministro de las democracias parlamentarias.

-Definitiva conversión de la RTVE en el NODO socialista; eso sí, al coste de una audiencia cada vez más paupérrima.

Pero más allá de estos gestos -se podrían añadir muchos más- que ponen de relieve una imagen más próxima al tercer mundo que al primero, de donde procedemos y todavía habitamos, no dejan de acumularse –progresivamente– hechos cada vez más preocupantes:

-Ocupación indiscriminada e ilegítima de instituciones públicas y privadas.

-Aceptación de que una parte de la Nación –Cataluña– quede fuera de la Ley.

-Menosprecio del Parlamento y su función de control del gobierno.

-Apoteosis de los decretos leyes –que multiplican dos o tres veces los de gobiernos anteriores- hurtando así al Parlamento su obvia función legisladora.

-Caprichosa proliferación de leyes, cada cual más disparatada, para dar gusto a las políticas más extremistas, minoritarias y de menor arraigo social.

-Desmedida utilización de leyes “ómnibus” –una negación en toda regla de las verdaderas leyes– que como cajones de sastre mezclan todo tipo de disparatados caprichos políticos progresistas.

-Desprecio de la función pública, sustituida por un vergonzoso sinfín de enchufados y costosos asesores políticos, mayormente indocumentados y por tanto carentes de cualquier posibilidad de actuar con seriedad profesional e independencia política.

-Sistemática ignorancia de los preceptivos informes de nuestras mas prestigiosas instituciones del Estado: Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, etc

-Burla persistente de la Ley de Transparencia: una institución originada en la UE, que el actual gobierno incumple sistemáticamente.

-Confesa ambición de control político del Consejo del Poder Judicial –en contra de la letra de la Constitución y las normas de la UE– y el Tribunal Constitucional; despreciando así el pilar fundamental –la división de poderes genialmente concebida por Montesquieu– de todo Estado democrático de derecho.

-Intento absurdo de reescribir la historia al margen de la realidad y las investigaciones profesionales al uso; al gusto político de socialistas, comunistas, exterroristas y separatistas.

Se podrían añadir más hechos análogos del actual gobierno, pero basta terminar recordando que el Tribunal Constitucional ha dictado –de momento– cuatro sentencias descalificatorias de actuaciones totalitarias del gobierno: ilegalidad del primer y segundo estado de alarma por pandemia, suspensión de la actividad parlamentaria e intento de indebida colocación de Iglesias y Redondo en la supervisión del CNI.

Visto todo lo anterior, solo unas próximas elecciones que permitan sustituir -cuanto antes mejor- a este gobierno decididamente totalitario, por otro respetuoso del Estado de Derecho y la democracia liberal, nos podrán librar –ya al borde del precipicio- de la triste deriva bolivariana que nos aleja cada vez más de Europa.

Cuando se produzca el necesario cambio de Gobierno, será el momento de recordar lo dicho por el perspicaz G.K. Chesterton: “El mundo moderno se ha dividido a sí mismo en conservadores y progresistas. El negocio de los progresistas está en seguir cometiendo errores. El negocio de los conservadores en impedir que los errores se corrijan”.