Kepa Aulestia, EL CORREO, 24/9/11
La incipiente confrontación entre dos modelos impositivos, representados por el acuerdo alcanzado en las juntas generales de Gipuzkoa por PSE-EE, Bildu y Aralar frente a la réplica anunciada por PNV y PP en Bizkaia y Álava, encierra una tensión ideológica y de poder que va más allá de la discusión suscitada en torno a la política fiscal. Las Juntas guipuzcoanas acordaron incrementar la presión recaudatoria sobre la riqueza personal y los beneficios empresariales en una línea coincidente con las intenciones del lehendakari López. La resistencia bizkaitarra no se hizo esperar, aunque al final se haya atemperado con la asunción del Impuesto sobre el Patrimonio. Pero la negativa a abrir sus terminales a la persecución cruzada del fraude, y la renuencia a la puesta en común de la fiscalidad refleja la inquietud jeltzale tanto ante el ascenso de una corriente de izquierdas que pudiera desbaratar su moderada socialdemocracia como, sobre todo, frente a la instauración de facto de un ámbito autonómico de decisión que reduzca aún más el campo de acción del PNV, restringido ya a Bizkaia.
El poder político tenderá a pasar del ajuste y la contención del gasto público a la búsqueda de fórmulas que le aseguren los ingresos suficientes como para que todo siga más o menos como estaba. Se trata de una inclinación que se sobrepone a los patrones doctrinales al uso. El discurso más justiciero y ‘robinhoodiano’ y el de la responsabilidad institucional coinciden en el interés compartido de recabar de los contribuyentes los fondos necesarios para dar sentido al propio poder político. Reducidas las ventajas que el Concierto Económico aportaba en el período de crecimiento, y dado que todo el arco partidario se ha vuelto gobernante en Euskadi -socialistas, jeltzales, populares y Bildu-, ninguna formación podrá soslayar la necesidad de incrementar la presión fiscal, de reducir las exenciones o, cuando menos, de elevar unas u otras tasas municipales. Solo se diferenciarán en la magnitud de su propósito recaudador y en los argumentos que empleen sobre la equidad, la justicia redistributiva o la necesidad de llenar las arcas del bienestar.
El ensayo guipuzcoano apunta la posibilidad de que un socialismo desvalido tras la más que probable debacle electoral del 20 de noviembre se enfrente a la disyuntiva de restablecer una alianza centrada con un PNV también en horas bajas o, por el contrario, se incline hacia la coincidencia estratégica con una izquierda abertzale comprometida en el gobierno institucional para dejar atrás para siempre la era hegemónica jeltzale. Los socialistas vascos viven en estos momentos en la perplejidad de saber que han contribuido decisivamente a la derrota del terrorismo mientras contemplan que los herederos de Batasuna emergen como vencedores políticos de tan crucial contienda y lo hacen además a su costa. Se trata de una decepción subjetiva casi imposible de articular políticamente. La mera hipótesis de acompañar en un papel necesariamente subordinado el ascenso institucional de Bildu provoca un radical desencanto en el cuerpo social del PSE-EE. Pero es una opción que podría acabar siendo ineludible, arraigada además en una querencia de años en el socialismo donostiarra.
En paralelo a esa liza ideológica entre el eje de izquierdas frente al de la ética democrática, se perfila claramente la disputa por el dibujo final del poder político en Euskadi. El mero enunciado de la brecha fiscal está poniendo en cuestión el diseño institucional de esta Euskadi entre autonómica y foralista. Junto a la ‘vendetta’ histórica de la izquierda abertzale contra el nacionalismo heredado de Sabino Arana y José Antonio Agirre, se está manifestando la revancha no menos histórica de EA frente a su partido matriz. Se trata de una pugna soterrada pero implacable. De esas cuitas que reviven tras décadas de silencio o postración, y que lo hacen al albur de acontecimientos imprevistos que poco tienen que ver con la naturaleza del litigio inicial. Es como si al amparo de la coalición Bildu Garaikoetxea se revolviese contra quienes, valga la paradoja, acabaron jubilando a Arzalluz.
El salto hacia delante de la izquierda abertzale en pos de Euskal Herria le ha permitido obviar hasta ahora el debate sobre el entramado institucional de la comunidad autónoma vasca. Pero una vez al timón de la Diputación de Gipuzkoa, la izquierda abertzale está obligada a definirse sobre algo que su aliado EA ha mantenido en reserva durante todo el tiempo en que subsistió bajo el amparo jeltzale: la revisión del esquema confederal, más que foralista, del ‘hirurak bat’.
La disposición adicional segunda de la ley de bases de régimen local establece que «de acuerdo con la Disposición adicional primera de la Constitución y con lo dispuesto en los artículos 3, 24.2 y 37 del Estatuto Vasco, los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya organizarán libremente sus propias Instituciones y dictarán las normas necesarias para su funcionamiento». Esta cláusula, ideada para preservar la singularidad foral frente a la legislación básica del Estado, sirve también para que cada territorio histórico se organice institucionalmente sin que necesariamente deba sujetarse al esquema de parlamento -juntas generales- y gobierno -diputación- mantenido hasta la fecha. La interesada emulación de la separación de poderes entre legislativo y ejecutivo a nivel territorial contribuye a erosionar la centralidad de la Cámara representativa de los vascos, el Parlamento de Vitoria. El diseño institucional de la Euskadi autonómica fue pergeñado a imagen y semejanza de la organización interna que en ese mismo momento se dio el PNV. Solo una alianza entre el foralismo alavés y el bizkaitarrismo podría negar hoy la posibilidad de su revisión.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 24/9/11