Se ha cumplido el primer año del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP), lo que constituye una experiencia inédita en nuestro país. A lo largo de más de cuatro décadas la única fórmula de gobierno que hemos tenido, al margen del signo del partido instalado en La Moncloa, ha sido la de los ejecutivos monocolores, del PSOE y del PP sucesivamente, y con anterioridad de UCD durante la legislatura constituyente (1977-78) y la primera constitucional (1979-82). Se trata de una novedad importante, ya que afecta a la composición de la institución que constituye el eje del sistema político y en la que se adoptan, directamente o por su iniciativa, las decisiones políticas más importantes.
Contrasta esta invariabilidad monocolor de los ejecutivos con la experiencia de los países de nuestro entorno en Europa, donde los gobiernos de coalición, bajo formas diversas, han sido los más habituales. No ha habido ningún país europeo (nosotros éramos la única excepción) donde no se haya ensayado, en algún momento, la fórmula del gobierno de coalición. Incluso en Gran Bretaña, paradigma del gabinete monocolor, se acabó dando, en la pasada década (2010-2015) la experiencia entre conservadores y liberales. Podría decirse, al menos por lo que se refiere a la fórmula de gobierno, que nos empeñábamos en hacer realidad el tópico, inicialmente turístico, de ‘Spain is different’.
En realidad, el Gobierno de coalición que ahora cumple su primer año no es una opción voluntaria, sino que ha venido impuesta, más que nada, por la realidad de los hechos; en particular, por el nuevo mapa político multipartito que las sucesivas elecciones, a partir de 2015, han venido conformando en el último lustro. En un sistema parlamentario no es posible garantizar la continuidad del Ejecutivo si éste carece de apoyo parlamentario, que en el escenario multipartito actual no puede conseguirse por ninguna formación política en solitario y obligadamente requiere acuerdos entre los grupos que permitan reunir el respaldo suficiente para poder gobernar.
Interesa llamar la atención de que, más que la composición del Ejecutivo, aunque éste sea el tema que mayores polémicas suscite, lo realmente determinante para poder gobernar es la cohesión y la solidez de los respaldos parlamentarios de los que se dispone. Lo que exige, ante todo, que las formaciones que proporcionan ese respaldo en las Cámaras sean capaces de acordar en común unos ejes programáticos claros y operativos (más que una lista interminable de las más variadas reivindicaciones) en torno a los que operar conjuntamente, tanto en el Gobierno como en el Parlamento. Y también, muy importante por paradójico que pueda parecer, acordar los desacuerdos, que siempre existirán entre grupos políticos distintos.
Hay que decir, de todas formas, que la fórmula del Gobierno de coalición -bipartita en estos momentos entre el PSOE y UP- no es la única posible, como lo demuestra la experiencia comparada en otros países, que presenta un amplio abanico de modalidades -pactos de legislatura, colaboración de ‘geometría variable’, apoyos selectivos…- además de la de los ejecutivos de coalición o monocolores. Conviene tenerlo en cuenta porque hay que evitar aferrarse a una fórmula de gobierno en exclusiva y cerrar el paso a otras posibilidades que pueden venir exigidas por las circunstancias, lo que nunca hay que descartar y menos en una situación tan especial como la que, a causa de la pandemia, tenemos actualmente.
Por otra parte, la experiencia de este primer año de coalición nos muestra que los problemas que puede tener el Ejecutivo en el resto de la legislatura provienen no tanto de su exterior -la oposición puede hacer mucho ruido pero ni ofrece alternativas ni tiene posibilidad alguna de hacer caer a este Gobierno- como de su interior. En este sentido, hay que llamar la atención sobre la poca consistencia de la actual ‘mayoría’ parlamentaria y la escasa fiabilidad de algunos de sus apoyos, como prueba la experiencia no tan lejana. Cabe recordar, a este respecto, que fue la desafección de algunos de los integrantes de la ‘mayoría’ de la moción de censura (que ahora también integran la actual) lo que obligó a dar por finalizada la anteúltima legislatura en febrero de 2019.
Más allá de la breve e inédita experiencia del Gobierno de coalición actual, una opción que en buena medida ha venido impuesta por la aritmética electoral, lo realmente determinante es contar con una mayoría parlamentaria cohesionada a partir de unas propuestas programáticas que guíen la acción del Ejecutivo a lo largo de toda la legislatura. De ello depende, más que de ningún otro factor, la continuidad de la coalición de gobierno; y, sobre todo, la efectividad de las medidas a adoptar en una legislatura en la que hay que hacer frente a problemas tan serios y difíciles como los que se están planteando no solo en el terreno sanitario (los más inmediatos), sino los que va a haber que encarar proximamente en el terreno económico y social.