El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había opositado con éxito para recibir el cese en la razia de Sánchez el pasado mes de julio. La permanencia del magistrado en el Consejo de Ministros se justificó por la fallida búsqueda por el presidente del Gobierno de un sustituto/a con alguna hechura política de más envergadura que la del bilbaíno. Fue una excusa inédita y un tanto estúpida, pero al parecer coló.

La realidad, seguramente, es que al inquilino de la Moncloa le venía bien —y le sigue viniendo— que Grande-Marlaska sea en términos políticos un fusible para él, es decir, un dispositivo para su protección de modo que cuando la tensión de la corriente crítica hacia su gestión alcance lo insoportable, se funda el ministro y no él. Fusibles fueron Ábalos, Calvo, Redondo ‘et alii’. Y los fundió a todos.

La enorme chapuza jurídica y política de la devolución de menores a Marruecos desde Ceuta, contra el criterio de los ministros de Podemos —Belarra es competente en esta materia y Yolanda Díaz ha pedido a Sánchez que detenga la repatriación—, sin información adecuada al Ministerio Fiscal y con infracciones serias de normativas nacionales, es un asunto muy grave que no redime en absoluto el acuerdo con Marruecos de 2007, como ha acreditado la intervención de la Audiencia Nacional.

Por lo demás, la cobardía política de endilgar al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta la decisión de devolver a los menores no acompañados a Marruecos —para lo que no tiene competencia— ilustra sobre la forma en que el Ministerio del Interior trata de quitarse de encima otro error —¿cuántos van ya?— en el ejercicio de sus responsabilidades que son intransferibles. Causa bochorno que un magistrado desconozca, u omita, el modo de conducirse en situaciones que exigen una particular delicadeza jurídica y que afectan, además, al patrimonio que se asigna en exclusiva el progresismo gubernamental: el amparo de los derechos de los más débiles, de los más vulnerables. Porque al no haber tramitado expedientes individuales a cada uno de los menores repatriados, se desconoce si regresan a familias que les desean o que les detestan, que les acogen o que les esclavizan.

El clavo ardiendo al que Grande-Marlaska se puede acoger es, de nuevo, la sistemática contradicción del PP, organización a la que pertenece Juan Vivas, alcalde-presidente de Ceuta, que reclama para sí el impulso de la medida, mientras los dirigentes de Génova arremeten contra la operación. En tanto la oposición no mejore y supere la muy escasa capacidad política y de coordinación del Gobierno, Sánchez tendrá coartada para sus errores y los de sus ministros.

Pero, al mismo tiempo que el responsable de Interior gestionaba pésimamente la repatriación de los menores a Marruecos, en Logroño se producía un episodio vergonzoso. Este martes, casi un centenar de personas recibía con algarabía al etarra Aitor Fresnedo cuando salía de la cárcel de la capital riojana. Este tipo asesinó en 1995 a un policía nacional en las oficinas del DNI de Bilbao e hirió a otro que falleció años después a consecuencia de las secuelas del atentado. El primero de ellos era padre de seis hijos, tenía 43 años y se llamaba Rafael Lieva. El segundo quedó tetrapléjico y murió en 2003. Estaba también casado, era padre de una hija y se llamaba Domingo Durán. El grupo de recepción del etarra —no arrepentido— ovacionó al asesino y se oyeron ‘irrintzis’, que es un grito festivo y de un solo aliento, tradicional entre los pastores vascos y que ha mutado a expresión de celebración. No quedó ahí la cosa: Aitor Fresnedo firmó autógrafos.

Por si había alguna duda sobre Otegi, su partido, Sortu, se congratuló de la excarcelación del etarra en su cuenta oficial en redes sociales y le calificó de “preso político”, añadiendo en inglés el ‘hashtag’ #FreeThem (libertad a todos). Por refrescar la memoria: Otegi es “un hombre de paz”; y Bildu, la coalición que lidera, ha cerrado acuerdos con la mayoría parlamentaria gubernamental y, en su momento, Pablo Iglesias deseó públicamente que se incorporase a la “dirección estratégica del Estado”.

La política de acercamiento y de progresiva supresión de la dispersión de los presos de ETA con graves delitos a sus espaldas tiene sentido —no en todos los casos— por la concurrencia de circunstancias entendibles (fin de la banda, cumplimiento de penas, arrepentimientos y reparaciones), pero cualquier enaltecimiento, cualquier expresión de celebración pública de la libertad de asesinos, es repugnante desde todos los puntos de vista. Y corresponde al Ministerio del Interior no consentirlos y, en el caso de Aitor Fresneda, impedirlos mediante la correspondiente acción policial. Y, en todo caso, reprocharlo de forma inequívoca en el extraño caso de que un juzgado considere que esos aquelarres forman parte de una libertad de expresión tan ofensiva como inmoral.

El fusible de Sánchez en Interior está a punto de fundirse. Sustituirle no debería ser un problema

Grande-Marlaska es corresponsable directo con el presidente del Gobierno —por el silencio con que se despachan y por el trato político deferente a quienes los organizan— de estos episodios agraviantes para las víctimas y para los ciudadanos que contemplan este obsceno espectáculo, si es que logran leerlo o verlo en algún medio de comunicación. Porque hay que recibir noticia de este oprobio en la prensa vasca —no en la nacional— para calcular la iniquidad moral de una parte de aquella sociedad, el silencio del nacionalismo y el alborozo de los proetarras instalados en Sortu, con Otegi a la cabeza.

Y de esa variante de ‘ongi etorri’ que sucedió hace 48 horas en Logroño no tiene la culpa el alcalde-presidente de Ceuta, ni siquiera el Gobierno vasco ni la Ertzaintza, sino el incompetente ministro del Interior que, otrora, fue una garantía judicial contra tantos atropellos. El fusible de Sánchez en Interior está a punto de fundirse. Sustituirle no debería ser un problema: cualquiera gestionaría mejor las responsabilidades asignadas a ese departamento. Del silencio oportunista de Sánchez sobre la crisis de Afganistán, otro día.