Entonces, decidió cancelar su agenda pública en respuesta al movimiento del juzgado que dirige Juan Carlos Peinado de abrir diligencias de investigación contra su esposa. Aquella desconexión de cinco días para decidir si «merecía la pena» seguir en el cargo ha sido lo más cerca que ha estado de tirar la toalla. Ahora los jueces la sientan en el banquillo bajo el inquietante marco doctrinal del ‘caso Nóos’ que condenó a Iñaki Urdangarín por el aprovechamiento indebido del poder en el ámbito familiar. Frente a la línea de defensa que siempre ha sostenido que Gómez «no cobraba», la Audiencia recuerda que la gratuidad no la exime de sospecha: el beneficio de utilizar La Moncloa y la influencia de su marido se habría traducido en prestigio académico, en el relanzamiento de sus másteres y en un ‘software’ de más de 100.000 euros costeado por gigantes tecnológicos que acabó registrado a su nombre.

No debería servir de consuelo al presidente que el tribunal enmiende la plana al instructor Peinado en puntos clave -al tumbar el delito de corrupción en los negocios, archivar la causa contra el empresario Barrabés en esta vía y calificar de «poco afortunada» su teoría conspirativa de que los escoltas policiales ayudarían a Gómez a fugarse-. Al final, el hecho de que cinco magistrados, y no el controvertido juez Peinado en solitario, firmen un auto por unanimidad que ve indicios delictivos sobre Begoña Gómez viene a confirmar el peor de los escenarios para el jefe del Gobierno y su mujer: que hay caso y que habrá banquillo. Y que el juicio previsto en el primer semestre de 2027 podría condicionar las elecciones generales, si no se adelantan.