Lograr el apaciguamiento de los secesionistas que conspiraron contra la Constitución a costa del sometimiento de la mayoría de catalanes no independentistas es el precio que acaba de pagar Pedro Sánchez para garantizarse su permanencia en el poder. La decisión política «de primer nivel» a la que hizo ayer mención en Barcelona no es sólo arriesgada sino altamente peligrosa para el Estado de Derecho. Hay otro camino, desde luego. No para seguir en el poder, sino para defender la ley y la democracia. Pero supondría tener que aceptar la separación de poderes y el cumplimiento, entre otros, del artículo 14 de la Carta Magna que establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Una condición que no se respeta porque a los condenados en el ‘procés’ se les está dando un trato privilegiado. Son ellos quienes están marcando el sendero luminoso al presidente del Gobierno. De ahí que estemos asistiendo al blanqueamiento de delitos por obra y gracia de las reformas jurídicas a la carta. La lucha contra la corrupción del PSOE se está convirtiendo en una devolución de favores a quienes delinquieron desde el poder en Cataluña.

Legislar para adecuar las normas a su tiempo es el ‘mantra’ con el que el Gobierno de la Moncloa está justificando la desactivación de los controles básicos del sistema. El cambio de las normas para la elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, la amenaza penal para coaccionar a los jueces que entorpezcan el cumplimiento de los plazos de elección, la rebaja de la malversación que rehabilita a Junqueras para el año que viene, no significa otra cosa, según los ministros del coro, que modernizarse. Esa es la melodía del réquiem por el Código Penal. La letra, sin embargo, da otras pistas. Si se legisla para favorecer a las personas concretas de una determinada ideología no es una modernización, es una aberración jurídica. Si se somete a los jueces a un sistema de elección del Poder Judicial que ya no necesite una mayoría de 3/5 sino una mayoría simple, se va debilitando la calidad de nuestra democracia.

Nos está quedando un Código Penal a medida de los corruptos políticos. Aquellos que roben no para llevarse el dinero a casa sino para financiar un complot contra la Constitución, por ejemplo, se van a ir de rositas.

Nadie se atrevió a llegar tan lejos como Sánchez pero a la oposición se la ve maniatada. Con promesas de Feijóo de derogar los últimos abusos de Sánchez cuando llegue al poder. Ya veremos cuándo llega ese momento. De momento recurrirá al Tribunal Constitucional. Pero ya hemos visto que el alto tribunal tumbó dos estados de alarma durante la pandemia. Y aquí paz y después gloria para Sánchez. Feijóo dice que este Gobierno asusta. Ya, ¿y qué piensa hacer? ¿Qué margen tiene? Descartada la moción de censura que piden Vox y Ciudadanos porque la perdería (faltarían 33 escaños para ganarla), pide elecciones anticipadas. Es un brindis al sol. No hay eco. Sánchez se revuelve y dice al PP que acepte los resultados de las pasadas elecciones. ¡Pero si el PP fue la segunda fuerza y el PSOE está gobernando con la cuarta! Hay otro camino. El del consenso y la lealtad. Pero el presidente del Gobierno está ya muy lejos del espíritu de la Transición. Es su única vía de escape para que le sigan apoyando los minoritarios. Próxima estación: el referéndum de autodeterminación en Cataluña.