El anuncio de la supresión de facto (bonificación al 100%) del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía ha suscitado un intenso debate, inicialmente ceñido a esta figura impositiva, pero que pronto se ha extendido al sistema fiscal en su conjunto. Es lógico que así sea ya que no se trata de una medida aislada, sino que es la manifestación, en esta ocasión en relación con un impuesto que podemos calificar como ‘menor’, de una concepción sobre la fiscalidad que abarca al sistema tributario en su conjunto. Y este sí es un tema clave, como lo demuestra la intensidad de la discusión en torno a él, que no parece que vaya a desaparecer en breve.

Si bien en términos cuantitativos el peso del Impuesto sobre el Patrimonio apenas tiene relevancia (poco más del 1% de los ingresos fiscales), ello no debe ocultar la significación de este paso de desfiscalización de la riqueza. Hay que añadir, además, que esta medida no puede ser desligada de la batería de decisiones fiscales que la acompañan, todas tendentes, según anuncian sus patrocinadores, a la consecución de una importante reducción de impuestos de forma generalizada. Nada se dice de cómo se compensaría (si es que se considera necesario, ¿o no?) la disminución de ingresos que comporta la rebaja generalizada de tributos.

Una atención especial merece la dudosa compatibilidad de estas medidas con el principio de progresividad fiscal, en el que ha de estar inspirado un sistema tributario justo, de acuerdo con el enunciado textual de nuestra Constitución (artículo 31). No parece que las medidas tendentes a desfiscalizar la riqueza, y en especial la ‘gran riqueza’, sean acordes con el principio constitucional de progresividad fiscal. Y mucho menos lo son si van englobadas, como es el caso, en un conjunto de propuestas fiscales para hacer efectiva una rebaja generalizada de impuestos -IRPF, IVA, Sociedades-, como se proclama abiertamente por quienes sostienen que los problemas que tenemos se solucionan con la bajada de impuestos.

La presión fiscal en España es sensiblemente inferior a la de los principales países de nuestro entorno en la UE y esta diferencia se acrecienta si la referencia comparativa se establece con los que tienen un mayor grado de bienestar social. Lo lógico sería equipararnos a ellos, también en fiscalidad, y no distanciarnos más como ocurriría inevitablemente si se siguen las recetas que, además de la desfiscalización de la riqueza, abogan por la bajada generalizada de impuestos. En cualquier caso, es preciso garantizar una suficiencia fiscal razonable, condición indispensable para poder contar con unos servicios públicos propios de un Estado social como el que proclama la Constitución.

En este marco, interesa llamar la atención sobre el mantenimiento del principio de progresividad fiscal, que es el más afectado por las recientes medidas y, asímismo, ha sido también el que mayor deterioro ha experimentado por la evolución de la fiscalidad en las últimas décadas. Resulta obligado mantener una actitud vigilante para evitar, en primer lugar, que las iniciativas que se adopten contribuyan a deteriorar, más aún, una menguada progresividad fiscal que no ha dejado de aminorarse con cada medida adoptada desde la década de los 80; y, en la medida de lo posible, tratar de restablecer una progresividad en la que, de acuerdo con nuestra Constitución, debe basarse un sistema tributario justo.

Hay, por último, un factor que contribuye a hacer más compleja la situación en nuestro país, como es la estructura territorial del Estado y la autonomía fiscal de que disponen las comunidades. Es el uso de la autonomía fiscal por parte de una de ellas, la andaluza, para suprimir de facto el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que ha desencadenado la polémica en la que estamos inmersos. Se trata de un asunto -la autonomía fiscal- al que sería necesario dedicar una atención específica que no es posible en estas breves líneas. Pero sí puede avanzarse que su tratamiento ha de darse en el marco de unas medidas de armonización fiscal de carácter general para todos los impuestos, incluidos los que puedan ser objeto de un régimen concertado.

La cuestión fiscal está ocupando un lugar central, más que en ninguna otra ocasión, en el debate que, tanto a nivel institucional como en los medios, está teniendo lugar desde el inicio del curso político. No solo no es probable que el interés decaiga, sino que lo más previsible es que sea uno de los asuntos clave de la agenda política en lo que resta de esta legislatura… y también en las siguientes. Lo que no tiene nada de extraño si se considera que es uno de los elementos nucleares para garantizar la pervivencia y la continuidad del Estado social y democrático de Derecho.