Impuestos para qué

La intención de este impuesto por parte del Govern, cuando se anunció, no era otra que adelantarse a la posibilidad de que el Gobierno central incluyese en los Presupuestos Generales del Estado un impuesto similar, destinado a las bebidas azucaradas envasadas y consumidas en toda España. Al prevalecer el impuesto estatal sobre el de una comunidad autónoma, el Estado debería compensar de forma instantánea a Cataluña con 41,3 millones de euros, la cantidad que estaba previsto recaudar.

Esta jugada de ajedrez, cuyo único objetivo era el ansia recaudatoria, salió mal. Aunque se ha hablado durante los últimos meses de la posibilidad de incluir un impuesto sobre las bebidas azucaradas, el Gobierno ha cambiado, muy acertadamente, de idea en el último momento. No es la función del Ministerio de Hacienda la de ejercer la guarda y tutela de la salud de los ciudadanos, pues tal función corresponde, primero a los propios ciudadanos, y después a Sanidad. La función de Hacienda es la de recaudar dinero para que funcione el Estado, de forma justa y atendiendo a los principios de igualdad, generalidad, capacidad, progresividad y legalidad.

Un impuesto no es una manera de mejorar la salud de los españoles. Tenemos el ejemplo del tabaco, de cuyo precio final casi un 80% son impuestos. Las constantes subidas de precio no han logrado que los consumidores dejen de fumar, porque ese factor es irrelevante frente al tabaquismo. Lo máximo que puede lograr un alza de precios es que el fumador opte por una marca más barata, que puede llevar incluso peores aditivos, toxinas y más altas cantidades –aún– de nicotina y alquitrán. De hecho, en 2015 el consumo de tabaco en España creció un 20%, regresando a niveles de 2010, pese a que las cajetillas tienen los precios más elevados de su historia.

Lo que ha ayudado a paliar el tabaquismo en España, al menos en parte, ha sido la prohibición de fumar en centros de trabajo y lugares públicos. Al igual que lo haría un mayor gasto en prevención de inicio al consumo en los adolescentes, campañas para dejar de fumar y la formación específica y puesta a disposición de los ciudadanos de profesionales de la salud como psicólogos, enfermeros y médicos.

No compete, como decíamos, a Hacienda vigilar la salud de los españoles. Tengan claro que Cataluña, con este impuesto que entró en vigor ayer, no mejorará la salud de los catalanes. No solo porque no lo vaya a lograr –otro ejemplo, las bebidas alcohólicas, gravadas con un 42% de impuestos, han aumentado su consumo un 20% en 2015–, sino porque su intención es otra muy distinta. La idea es recaudar fondos. Ya lo avisaba Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, a sus socios de la CUP en el Parlament: «Sin presupuestos no hay referéndum». Así que, para pagar independentismo, toca sacar dinero de donde se pueda. Incluso lanzando un envite al Estado, aunque se pierda y el resultado sea un caos en el que nadie sabe quién tiene que pagar, si los distribuidores, la embotelladora o el supermercado. Y los únicos que acabarán sufriendo sean los padres de familia.

No olvidemos que el 85% del azúcar que se consume en España está producido en Castilla y León, comunidad autónoma en la que este bien representa uno de los pilares de su tejido productivo. Si una marca de bebidas quiere reducir los márgenes para que el consumidor no note la subida del precio debida a un impuesto, tendría que recurrir a azúcar importada de Cuba, México o China, con el consiguiente deterioro tanto para los empleos en Castilla y León, como para la recaudación de tributos.

Si fuera Cataluña la comunidad autónoma principal proveedora de azúcar del país, jamás hubieran aprobado un impuesto sobre las bebidas azucaradas, ya que eso rompería el equilibrio delicado de un sistema extremadamente complejo, tal y como ha reflexionado acertadamente Cristóbal Montoro. Pero cuando el principal objetivo del político es el corto plazo, y las miras se acaban donde acaba el horizonte de correligionarios, los parámetros de equidad y solidaridad pasan a un tercer plano.

En los últimos tiempos el azúcar ha pasado a ser el gran Lobo Feroz de los medios de comunicación, como lo fueron antes alimentos como el café, el huevo, el vino o el chocolate, productos todos que, consumidos con moderación, son muy beneficiosos para la salud. En estas cíclicas diatribas que sufren algunos productos destilan siempre un terrible paternalismo hacia el consumidor, al que se le presupone un títere descerebrado, cuyos hilos los mueven la publicidad y sus propios bajos impulsos.

Es muy real que la obesidad infantil es un problema creciente en nuestro país, y que es necesario actuar en consecuencia. Como también lo es que ningún niño obeso se alimenta de pavo a la plancha, brócoli hervido y dos litros de bebidas azucaradas al día. Si estuviésemos en esas, podríamos señalar con el dedo, pero no es el caso. La bollería industrial fabricada con grasas animales, los alimentos ultraprocesados y la ausencia de ejercicio físico en unos niños que no se despegan de la tablet son mucho más responsables, y no por ello vamos a ponerles impuestos a los donuts, a las salchichas de bolsa o a los fabricantes de sillones. No es ese el camino, sino dotarles de una educación al respecto y crear campañas para mejorar sus hábitos de consumo y de vida saludable.

Otras cosas son populismo y cosecha de ignorantes. Como el pedir a gritos que se retire una conocida bebida azucarada del menú del Senado, y que te fotografíen media hora después con dos botellines de la misma bebida.