Ignacio Camacho-ABC

  • La reparación moral de las víctimas sufre la doble rémora del ‘statu quo’ político español y de la insensibilidad europea

El esfuerzo de las víctimas del terrorismo por una reparación moral y penal de su tragedia tropieza desde hace tiempo con una desalentadora confluencia entre las rémoras de la política doméstica y la insensibilidad de la justicia europea. Por una parte, el Gobierno de Sánchez traslada presos al País Vasco y transfiere al nacionalismo las competencias penitenciarias que permitirán medidas de alivio de condenas. Por otra, Estrasburgo resuelve recursos con un garantismo impermeable y un criterio de enmienda que extiende sobre el prestigio democrático del ordenamiento español un manto global de sospecha. A esta pinza se suma el arrastre de pies de la Abogacía del Estado en la defensa de la legislación interna, y por último algunos jueces de la Audiencia Nacional se anticipan al Supremo en la aplicación de las sentencias del tribunal comunitario para elaborar por su cuenta una suerte de doctrina genérica bajo el creativo principio de ‘in dubio pro ETA’. El conjunto dibuja, de Parot a Atristrain, un horizonte de excarcelaciones en cadena, una verbena de impunidad donde los carniceros de reputación más sangrienta serán recibidos con honores gracias a una cuestionable interpretación del vicio de la prueba.

Ya no se trata sólo de la rescritura de la memoria del sufrimiento, borrada en la elaboración del palimsesto oficialista del ‘nuevo tiempo’. Es la puesta en libertad de unos asesinos en serie lo que provoca una náusea de frustración, de derrotismo, de naufragio ético. Esa sensación de fracaso, esa punzada de desconsuelo interpela a una sociedad inerme, impotente ante un desafuero que equivale a escupir sobre las lápidas de un cementerio. Cuesta creer que no haya remedio, pero sobre todo que no exista siquiera voluntad para combatir el desistimiento. Que el Estado agredido no intente preservar hasta el último aliento la legitimidad de su propio Derecho. Que haya magistrados dispuestos a imponer su sesgo ideológico a favor de los pistoleros. Que el poder político disimule a duras penas su satisfacción, o acaso su complicidad pasiva, con este agravio al sacrificio de sus servidores muertos.

El veredicto Atristain perfila además un desenlace similar en las apelaciones de los separatistas catalanes. Ocurrirá, y no muy tarde, con la diferencia no poco importante de que al menos Puigdemont y sus colegas no han matado a nadie. Pero se viene encima otra desautorización a gran escala de nuestras altas instancias judiciales, tal vez con la misma anuencia de un Ejecutivo deseoso de sacudirse responsabilidades y de cobrarse la revancha contra los togados que osaron discutir aquellos indultos vergonzantes. En uno y otro caso están por medio las facturas aplazadas de la investidura de Sánchez. Y un trabajo sinuoso, oblicuo, farisaico, imperceptible como una filigrana de encaje, para que sean las limpias manos del TEDH quienes las paguen.