Ignacio Camacho-ABC
- Esta legislatura nació de un pacto con delincuentes y en buena lógica puede terminar en manos de un puñado de jueces
Contra lo que piensan los independentistas, la extrema izquierda y sus adláteres, en el Estado de derecho no hay nada ni nadie por encima de la ley, cuya interpretación corresponde a los tribunales. La sujeción al orden normativo, surgido de la soberanía popular a través de sus legítimos representantes, es la clave que diferencia a la democracia auténtica de ciertos sucedáneos que no son más que zafios disfraces bajo los que se ocultan la supresión de la separación de poderes y la limitación de las libertades. Así funciona este invento, donde la justicia representa la ‘ultima ratio’ contra las tentaciones autoritarias de los gobiernos. No es un mecanismo perfecto pero sí la única manera de organizar la convivencia en torno al compromiso común de aceptar una serie de preceptos y someterse a su obligado cumplimiento. Por eso la independencia judicial constituye la prueba de fuego de la calidad democrática de cualquier régimen moderno.
Esta legislatura nació de un pacto con delincuentes, los autores convictos de la insurrección separatista de 2017, y en buena lógica puede terminar en manos de un puñado de jueces. En política, como en la vida, los actos tienen consecuencias y los errores o las arbitrariedades siempre llaman dos veces, como el cartero metafórico de James Cain, a la puerta de quienes los cometen. El indulto a los líderes del ‘procés’ tenía un recurso pendiente -un recurso sobre el recurso, más bien- y la segunda vuelta de su recorrido procesal va a poner en un severísimo aprieto al Gabinete. Todo el mandato de Sánchez se puede venir abajo si lo pierde. El presidente ha logrado minimizar otros reveses, como el del estado de alarma, pero le resultaría imposible salir indemne de uno como éste. En primer lugar porque se trata de una medida que causó en la opinión pública un rechazo patente, y en segundo término, el que más le importa, porque afecta de lleno a la alianza sobre la que se mantiene.
La admisión de los recursos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, tras un cambio en la composición de la Sección Quinta, no prefigura el criterio de la decisión definitiva aunque perfila un debate de intensa complejidad jurídica y de enorme trascendencia política. Salvado el escollo del reconocimiento de la legitimidad de los apelantes, en su mayoría diputados de partidos opuestos al desafío secesionista, los magistrados tendrán que analizar la dura argumentación crítica que el tribunal penal, el que dictó la condena indultada, argumentó en su día. Dicho informe venía a decir que el Ejecutivo se había autoperdonado para blanquear -el verbo es del articulista- su propio acuerdo parlamentario con los sediciosos catalanes. Es fácil inferir la relevancia de un eventual veredicto desfavorable: los reos de vuelta a la cárcel, el andamiaje sanchista en el desguace y la coalición gubernamental asomada a la puerta de la calle.