Inequidades e incoherencias

Esto es un lío. Me refiero al complicado entramado que hemos montado entre las decisiones del poder Ejecutivo y las interpretaciones del poder Legislativo. Hemos pasado una crisis económica -o más bien estamos en medio- de una severidad tremenda que ha obligado a adoptar una serie enorme de medidas dirigidas, primero, a sostener el edificio económico para evitar su derrumbe y, segundo, a construir uno más sólido que nos permita recuperar el empleo perdido y la riqueza destruida. Correcto, nadie puede dudar de que la intención es sana y la necesidad obvia. Lo malo es que todo se ha hecho con la urgencia que la ocasión obligaba y sin el buen orden que la complejidad exigía.

Fíjese en el tema que nos ha ocupado esta semana y que se concentra en el Valle de Ayala, sede de nuestras empresas fabricantes de tubos sin soldadura, cuyo impacto en la comarca es crucial. Ambas empresas, Tubacex y Tubos Reunidos, llevan años afectadas por las reducciones de la demanda que la transformación energética impone en todo el mundo. La dirección del proceso camina hacia una mayor descarbonización del sistema productivo en particular y de nuestros usos y costumbres de vida y consumo en general, pero no está claro el ritmo del cambio ni su destino final. Es un proceso de consecuencias tan amplias y profundas que es normal que aparezcan incertidumbres. Antes ellas y como es natural, el sector del oil&gas ha sufrido un parón apreciable de las inversiones, lo que traslada un daño grave a las carteras de pedidos de ambas empresas. Una tendencia mundial que se ha visto agravada por asuntos particulares como los aranceles impuestos en su día a las importaciones por parte de la Administración Trump o el embargo decretado por ella al comercio con Irán. Mucho antes de que el virus apareciese en nuestras vidas, la demanda se había reducido para estas empresas y sus cuentas de resultados habían padecido la presión de unas menores ventas a unos menores precios.

Luego llegan el maldito bicho y las restricciones impuestas en la lucha por evitar su propagación lo que supuso un nuevo mazazo para ambas y para la inmensa mayoría de las empresas. Tubacex trató de capear el temporal ajustando su plantilla a la nueva configuración del mercado. Menos ventas suponen menos producciones que necesitan plantillas menos numerosas… o menos remuneradas. Esta última opción fue desechada por los trabajadores lo que derivó en la presentación de un ERE severo que se encuentra en el origen de la huelga más duradera de su historia. Suele suceder que, cuando los ajustes no se hacen en el ‘precio’ terminan por hacerse en la ‘cantidad’.

La disputa acabó en el ámbito de la Justicia y los jueces han decidido que los despidos son nulos porque la situación que atraviesa la empresa es consecuencia del bicho y no de los cambios estructurales y previos habidos en el sector, así que debería haber elegido el camino del ERTE en lugar del de los ERE. Algunos opinan que la ley está mal redactada y que obliga a quienes deben interpretarla a adoptar decisiones tan dispares como las vistas en casos similares y que tanta distorsión causan.

Por su parte, Tubos Reunidos, a pesar de presentar datos económicos peores en los años recientes no se ha acogido ni a un sistema ni a otro. Ha encontrado un camino que, al parecer, ha resultado más sencillo. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas le ha concedido un crédito participativo de nada menos que 112,8 millones de euros a devolver en siete años. ¿Son coherentes ambas historias? A mí me parece más bien que se trata de uno de esos desajustes e inequidades que se producen cuando el Ejecutivo interviene, como elefante en cacharrería, para evitar los daños sociales que provocan las crisis empresariales que los agentes sociales no han sabido reparar en su origen. Pues eso, a ver quién lo arregla ahora.