EL CORREO 18/03/14
· El ministro insiste en Euskadi en que su objetivo es la «disolución» de la banda y que los reclusos «asuman el daño causado».
Instituciones Penitenciarias no se lo va a poner fácil a los presos de ETA. Es el mensaje que ayer subrayó en San Sebastián el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que viajó a Euskadi para inaugurar la nueva comisaría de la Policía Nacional en la capital guipuzcoana, visitar los cuarteles de la Guardia Civil en Bilbao y reunirse con la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, advirtió que, en su opinión, el último movimiento de los reclusos puede considerarse un «fraude de ley» porque no es sincero y no es del todo individual, al tratarse de una campaña escalonada de los 510 internos de la banda terrorista. Fernández Díaz defendió, en este sentido, la presencia en el País Vasco de Policía y Guardia Civil porque «es la mejor política para conseguir el objetivo de la disolución de ETA y de que sus presos se arrepientan».
La decisión del EPPK, el colectivo oficial de presos, de poner en marcha un paulatino proceso para pedir su traslado a centros penitenciarios de Euskadi no resulta creíble para el Gobierno de Mariano Rajoy. El Gabinete del PP se mantiene inflexible y considera que los reclusos de la organización terrorista deben evidenciar que han roto con el pasado y que, además, no están orgullosos de la historia violenta que han protagonizado. Algo que el Ministerio del Interior no percibe en las solicitudes que ya han comenzado a cursar los internos enfermos o con más de 70 años de edad. «Tienen todos los visos de convertirse en fraude de ley», aseguró Fernández Díaz a preguntas de los periodistas en San Sebastián, antes de anticipar que, de confirmarse ese fraude, las peticiones de los reclusos serán «desestimadas por la administración penitenciaria».
La negativa del ministro no pilla por sorpresa a la izquierda abertzale, que ya contaba con que el Gobierno central no iba a facilitar el traslado de los presos etarras. Los abogados de los reclusos aguardan a que las solicitudes sean rechazadas por Instituciones Penitenciarias –que tiene un plazo de seis meses para dar una respuesta– para poner en marcha la vía judicial. Los responsables de la defensa legal de los internos esperan, de hecho, que sean los jueces quienes tomen la decisión de acercar a Euskadi a los reclusos. Y si no lo propician los magistrados españoles, recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, como ya sucediera con la ‘doctrina Parot’.
Con el obispo Munilla
«No estoy dispuesto a hacerle el juego a ETA de tal manera que nos marque la agenda política a los demás», reiteró el titular de Interior, que en la capital guipuzcoana estuvo acompañado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo; el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla; y representantes de PSE y PP. Fernández Díaz se mostró favorable a que estos reclusos quieran «acogerse a los beneficios que contempla la legislación penitenciaria» porque, señaló, «la reinserción es un objetivo fundamental», pero anticipó que cualquier gesto que el EPPK pretenda llevar adelante deberá ser «sincero» porque «si lo que se pretende es seguir escenificando o haciendo treatralizaciones, que sepan que no va a servir de nada». Criticó, en este sentido, el acto que antiguos miembros de la banda huidos llevaron a cabo el sábado en Alsasua –lo tildó de «última escenificación»– porque ese tipo de movimientos lo único que pretenden, a su juicio, es convertir a la organización armada «en un actor político protagonizando la atención mediática».
El ministro, ya en su discurso ante los mandos de la Policía, defendió la actual política antiterrorista del Gobierno y advirtió de que él está «firmemente determinado a que la derrota policial» de ETA «no se convierta en una victoria política» de la organización armada. E insistió en lo que ya se ha convertido en toda una convicción para el Ejecutivo del PP: «No necesitamos negociar para derrotarlos y menos vamos a negociar ahora que están derrotados». Fernández Díaz volvió a recordar que, a pesar de los reproches de algunos sectores de las víctimas, el Gabinete de Mariano Rajoy es el único que «ni ha negociado, ni negocia, ni va a negociar con la organización terrorista ETA», una organización que, precisó, hoy está compuesta por «sus presos y poquita cosa más».
El responsable de Interior también descartó cualquier cambio respecto del despliegue que Policía Nacional y Guardia Civil mantienen en Euskadi, pese a que tanto el Gobierno de Iñigo Urkullu como el PNV hayan exigido la paulatina retirada de sus efectivos una vez que ETA anunciado el «cese definitivo» de la violencia. Fernández Díaz presumió de que han sido los cuerpos de seguridad del Estado los que han conseguido acabar con el terrorismo etarra y se mostró convencido de que su presencia en el País Vasco «es la mejor política» para lograr «el objetivo de la disolución de ETA» y permitir también que «sus presos se arrepientan de lo que han hecho, asuman el daño causado». Sólo así, recalcó el ministro se podrá «comenzar con esa reinserción individual que siente las bases de una convivencia libre, democrática y pacífica». Frente a quienes desde el Parlamento autonómico y el Gobierno vasco han exigido cambios al Ejecutivo de Rajoy Fernández Díaz abogó porque siga siendo la cúpula terrorista la que realice nuevos movimientos y se disuelva de forma definitiva.
EL CORREO 18/03/14