EL MUNDO – 30/07/17
· La denuncia de la Generalitat contra la Guardia Civil revela una posible malversación.
La Guardia Civil investiga si dos cargos del Govern –el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de Comunicación, Jaume Clotet– cometieron una presunta malversación de caudales públicos al usar fondos de la Generalitat para activar la página web del Pacto Nacional del Referéndum, una plataforma que aglutinó a miles de entidades para reclamar el 1-O.
En su declaración ante la Guardia Civil de esta semana, a los dos altos cargos se les preguntó sobre su participación en la autorización para adquirir con dinero público esta web desde el Departamento de Presidencia de la Generalitat y su posterior traspaso a la entidad soberanista Òmnium Cultural. Tras un extenso interrogatorio, los dos altos cargos, que habían sido citados como testigos, fueron acusados de varios delitos, entre ellos revelación de secretos, malversación, desobediencia, prevaricación y sedición.
Esta información consta en la denuncia que el Govern ha presentado en los juzgados de guardia de Barcelona contra los agentes de la Guardia Civil que han interrogado a estos dos altos cargos y a cuatro personas más esta semana.
En el escrito presentado, el Ejecutivo catalán explica que Nin y Clotet están acusados de participar «en la autorización para la adquisición de los dominios y la creación de la web Pacte Pel Referéndum por parte de la Generalitat», así como su posterior transferencia a Òmnium y el «pago de la misma con fondos públicos». Por tanto, la Guardia Civil no sólo considera que puede haber una desobediencia al realizar acciones sobre el referéndum pese a la prohibición del TC, sino también un uso de dinero público para una web gestionada por una entidad privada.
En su denuncia, el Govern considera que los agentes cometieron los posibles delitos de obstrucción a la Justicia, usurpación de atribuciones, falsedad en documento oficial, violación de secretos y contra los derechos individuales. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, afirmó que los altos cargos sufrieron «intimidación y coacción» en los interrogatorios y que incluso la abogada que los acompañaba ha explicado que le dijeron: «Cuidado con lo que dices que a ver si te acabamos citando a ti para declarar». La denuncia lamenta en particular la «agresividad verbal» de los agentes durante la declaración del director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells, al que acusaban de «mentir» y remarca que escuchó «alguna expresión vulgar y de mal gusto».
Además, el Govern utiliza en su denuncia un comunicado del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que se indicaba que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona no había ordenado ninguna investigación específica por los preparativos del referéndum, mientras que el documento de citación de la Guardia Civil instaba a acudir a los altos cargos dentro de las diligencias de ese juzgado.
Por eso, Turull cree que «aquí alguno está engañando, alguno está excediéndose de sus funciones, y si además, como se indica en la denuncia, el tono es de intimidación, no lo podemos pasar por alto». Reclamó que «haya la misma celeridad a partir de la denuncia de estos hechos que la que hay en todo lo que hace referencia al procés».
Varias fuentes han apuntado que el juez instó a los agentes a investigar si la afirmación que hizo en varias conferencias el ex senador de ERC Santiago Vidal de que la Generalitat tenía 400 millones ocultos para organizar el referéndum era cierta. El juez espera recibir un informe de la Guardia Civil una vez concluya su investigación.
El juzgado abrió diligencias tras dos denuncias contra Vidal, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y el director del Instituto de Estudios del Autogobierno, Carles Viver Pi i Sunyer. Los agentes han investigado la activación de webs y la campaña del registro de catalanes en el extranjero.
EL MUNDO – 30/07/17