La invasión rusa de Ucrania ha modificado el cuadro de prioridades de los países libres, que tratan de afianzar sus alianzas para evitar el Mal mayor. El impacto económico de la agresión y de las sanciones impuestas a Rusia se da por descontado. La política española no puede mostrarse ajena a semejante crisis global. El pleno extraordinario que el Congreso dedicó a la situación ofreció señales de que la polarización doméstica queda hoy más en entredicho. El tremendismo al que se recurre en la confrontación partidaria se vuelve aún más sonrojante ante el drama ucraniano y la amenaza que entraña el régimen de Putin. Algo que no podrá eludir el Partido Popular de Núñez Feijóo. Nada parecido a una ‘política de rentas’ para mantenernos en la recuperación puede abrirse paso sin un cambio de actitud de gobierno y oposición, de los distintos grupos parlamentarios.
En solo una semana la realidad más irracional y cruel ha puesto a prueba también a la izquierda de la izquierda. La pregunta es en qué medida la decisión del Gobierno de enviar armas a las autoridades ucranias ha sido la causa del desencuentro en Unidas Podemos, y en qué medida ha sido mero detonante de una tensión larvada desde el mismo momento en que Pablo Iglesias designó a Yolanda Díaz como candidata a la presidencia en las próximas generales. Lo más preocupante de la postura de Podemos es que señala a la UE y a cada uno de los países que apoyan con armamento la legítima defensa de Ucrania como corresponsables de ‘lo peor que está por llegar’. De manera que si Podemos se emplea a fondo en su denuncia contribuirá a exonerar parcialmente a Putin sobre lo que ocurra en adelante, cargando de culpas a un Gobierno del que a partir de ese momento no podría seguir formando parte. En otras palabras, Podemos dejaría su suerte en manos del autócrata ruso y de sus atrocidades sobre el terreno. Aunque Belarra y Montero podrían dar por expresado su parecer crítico sin insistir en ello, para así contribuir a un clima de máximo consenso.
Puede darse el caso de que la alternativa de Yolanda Díaz se malogre tanto si cuenta con Podemos como si prescinde de sus estructuras. El «proceso de escucha» anunciado por la hoy vicepresidenta segunda empieza marcado por las diferencias en la coalición sobre el envío de armas. Pero también por la indisposición de Díaz a implicarse en las autonómicas de Castilla y León primero y de Andalucía después. Tan calculada y prudente aproximación a la cita de 2023 quizá le permita sortear riesgos, pero a cambio restará épica y entusiasmo a su posible candidatura. La pretensión de dialogar y recabar el apoyo de las bases sin intermediaciones orgánicas no siempre sale bien. Sobre todo si subraya el carácter personal de la empresa; como cuando Díaz toma distancias respecto a la política partidaria a la que lleva años perteneciendo. ¿Mejoraría así lo cuatro escaños que el Sociómetro concede a Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco? Dos años son interminables para mantenerse en carrera, si mientras tanto a Díaz no le queda otra que insistir en que el Gobierno es lo que diga el Presidente Sánchez. Algo a lo que Belarra y Montero la empujarán con ganas mientras no cambien de actitud.