ABC 05/12/15
· Los antisistema ocultaron los avances para investir a Mas ante su última asamblea
Justo después de las elecciones autonómicas catalanas de hace dos meses, el problema lo tenía Artur Mas y Junts pel Sí (Convergència y ERC). Por la negativa de la CUP a investirle como presidente. Dos meses después de los comicios, a medida que se anuncia un posible acuerdo que evite nuevas elecciones en marzo, el problema está en ambos bandos (ERC sigue confortable en la intersección). Porque lo único que tienen en común CDC y la CUP es lo que les separa, la independencia. Porque ambas formaciones deben lidiar con una militancia que en gran parte ya ve esta alianza contranatura como un suicidio a dos. Una opción peor que volver a las urnas. De ahí que intenten dosificar, diluir o hasta ocultar el resultado de las negociaciones entre ellos. Y, lo más significativo: a su propia militancia.
Junts pel Sí ofrece un plan de choque social cuyas principales medidas requieren ser independientes Sectores de Convergència y la CUP coinciden en que un acuerdo de investidura podría ser letal para los dos
El diputado de la CUP Benet Salellas anunció ayer que habían acordado con Junts Pel Sí grabar el contenido de las negociaciones entre ambos y entregarlas a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, como custodia. JpS negó que haya acuerdo y prefiere que sólo se levante acta de las citas. No es por desconfianza a sus compañeros de mesa, alegó Salellas, sino para conjurar «el ruido» externo «desde sectores políticos y mediáticos que no quieren un acuerdo», matizó. Pero el enemigo está dentro… y diseminado.
El propio Salellas admitía que hay un sector de Convergència «que da la impresión de que no tiene ningún interés en que hay acuerdo y0 forzar las elecciones». Además, fuentes conocedoras de la negociación señalaron que el método «on the record» es fruto de los recelos mutuos, incluso en el seno de cada formación.
Entre JpS se cree que en algunas ocasiones CDC ha ocultado datos de las negociaciones para la investidura a su socio de candidatura, ERC. Con todo, el caso más revelador sería el que atañe a la CUP. El pasado domingo, los antisistema reunieron en un debate a 1.200 militantes en Manresa y éstos votaron mayoritariamente –unos 800– por la opción de no investir a Mas. Aunque hubo otros 430 que se mostraron partidarios de hacerle presidente, con condiciones, escenificando así que hay divisiones internas. Al día siguiente de la asamblea, JpS se quejó de que la CUP no hubiera explicado a sus feligreses los avances en la negociación de un plan de choque social. La CUP, sus diputados, replicaron que por ahora sólo tenían una «hoja en blanco».
La sospecha es que algunos de los documentos y propuestas de JpS a la CUP fueron retenidos por algunos interlocutores antisistema para ocultarlos a los sectores de su partido más reacios a Mas. Un ardid para tener más tiempo de estudiar la posología adecuada para el trágala que para muchos militantes «cuperos» supondrá el «sí» al líder de CDC. Un «sí» que su exdiputado David Fernández sugería por escrito en un artículo el pasado miércoles: que dos de los diez diputadosde la CUP den su voto a Mas y se desencalle la matemática.
Preacuerdo ante el 20-D La próxima cita de la CUP con la militancia será el 27 de diciembre, en una asamblea que debería dar el «sí» o «no» definitivo a Mas. Ayer se especulaba con que se escenificará un preacuerdo entre JpS y la CUP en vísperas o el día después de las elecciones generales, el 20 de diciembre. En favor de esta tesis, las veinte medidas de plan de choque social que JpS ofreció el pasado jueves a la CUP, avanzadas ayer por el nacionalista diario «Ara». Algunos lo ven como el cebo para que que pique la CUP. Porque no hay dinero para aplicarlas o requieren de un estado independiente.
Las veinte medidas se dividen en tres bloques (ver recuadro). Las que podrían llevarse a cabo de manera urgente, con presupuestos prorrogados, como garantizar el 100% de la cobertura en la alimentación de los niños que sufren pobreza, o el acceso al suministro de luz, agua y gas mediante la ley de pobreza energética que fue suspendida por el TC. Otras exigen nuevos presupuestos,y un nuevo gobierno, para reducir «un 50%» las listas de espera en los hospitales.
Finalmente, hay diez medidas que sólo son factibles si antes se concreta la desconexión con el Estado, porque atañen a competencias estatatales o ya han sido neutralizadas por el Constitucional. Como crear un banco público, fijar un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros mensuales, instaurar la dación en pago o retirar los conciertos educativos a las escuelas no mixtas.