ABC-JON JUARISTI
Cada año, por estas fechas, se agrava la indigencia moral de la universidad pública
EL pasado 1 de marzo, viernes, recibí en mi correo electrónico de la Universidad de Alcalá una comunicación de su Junta de Personal Docente e Investigador en la que, bajo el epígrafe «8 de marzo. NI UN PASO ATRÁS», se me informaba de que «el deseo de esta Junta de PDI es que te impliques y participes de forma general en todas las acciones que se están convocando (huelga, paros parciales, manifestaciones, charlas coloquio, etc.)». La comunicación o el comunicado, como se prefiera llamar a la cosa, parecía dirigirse a un destinatario singular, pero pasaba al plural en su última frase, ligeramente menos conminatoria que la que acabo de citar: «Os animamos a todos y todas a salir de los despachos y a reivindicarnos de forma colectiva» (lo que parecía implicar que se repartirían sonrisas y caramelos a quienes se animaran a salir de los despachos y a reivindicarse de forma colectiva).
Por supuesto, creo saber qué debe entenderse por esa cursilada de «Personal Docente e Investigador», imposición sindicalera destinada a diluir la noción académica de profesor y sus distintas categorías en la de entrópica de «personal», en el mismo nivel que la de «Personal de Administración y Servicios». Hace mucho tiempo que lo académico no es pertinente en las universidades públicas, donde se ha sustituido por lo meramente laboral. Cuarenta años atrás, cuando comencé a enseñar en una de ellas, los sindicalistas del personal de administración y servicios sostenían que la lucha de clases en la universidad enfrentaba a su estamento con el profesorado, detentador del «capital simbólico». Tras la laminación niveladora culminada bajo el perverso régimen neofranquista del 78, todos (y todas) somos personal, y por eso hemos sustituido las fórmulas de cortesía del Vertical, vigentes todavía en los años de la Transición («Hola, ¿qué tal, compañero del Metal?»), por otras incoloras, como «Hola, ¿qué tal, personal?».
Sabía qué es el PDI, pero no la Junta del PDI. Procuré, pues, averiguar en qué consiste una entidad que me conminaba imperiosamente a satisfacer su deseo, si bien desleía la intimidación en un final amistoso («os animamos»), más o menos como lo han hecho todos los totalitarismos que uno ha conocido. Os animamos a desalojar los despachos y a reivindicaros (¡esto va por ti, mamón, no te despistes!).
Resulta que la Junta de PDI de la Universidad de Alcalá, según la Ley que auspició su creación, es «el órgano específico de representación colegiada del personal docente e investigador de dicha universidad», compuesto por 19 representantes de los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF, cuya función es «informar a sus representados sobre todos los temas y cuestiones relacionadas con estabilidad laboral, promoción y retribución». O sea, que viene a ser lo que en las empresas de verdad se llama «comité de empresa». De hecho, en alguno de sus comunicados la Junta de PDI se autodenomina Comité de Empresa de PDIL, siglas que significan, supongo, Personal Docente e Investigador… Laboral.
Lo que me lleva a concluir que las universidades públicas españolas deberían afrontar con realismo la disyuntiva de una reforma que suprima la autonomía que ha alimentado el pantano de arbitrariedad en el que chapotean (y que permite, por ejemplo, que una Junta de PDI se presente y comporte como un comité de empresa) o que sean privatizadas en su totalidad (para que los comités de empresa sean verdaderos comités de empresa). Es decir, se trata de optar por una vía reformista como la que defiende Francisco Sosa Wagner, o por la vía Trump, directamente. Cualquiera de las dos me parece preferible a la situación actual.