Javier Ayuso-El País
Pasarán semanas hasta que los jueces alemanes decidan si entregan a Puigdemont para que sea juzgado por rebelión previo paso por prisión
La justicia alemana tiene en sus manos la posibilidad de que se cree el partido que acabará con el procés: Junts per Estremera, con la ayuda inestimable de los antisistema de la CUP. La detención del expresidente prófugo de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la posibilidad de que sea extraditado a España, abre una nueva etapa para el movimiento independentista de Cataluña que lleva desde el 1 de octubre intentando burlar la legalidad, con resultados nefastos.
Pasarán semanas hasta que los jueces alemanes decidan si entregan a Puigdemont para que sea juzgado por rebelión, entre otros delitos, por el Tribunal Supremos español, previo paso por la prisión de Estremera. Allí le esperan sus compañeros Oriol Junqueras, Joaquín Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raúl Romeva y Josep Rull, mientras Carme Forcadell y Dolors Bassa están encarceladas en Alcala 2 y Antonio Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira siguen fugados con una orden de detención internacional. En total, son 13 los acusados de rebelión por el juez Pablo Llarena.
El independentismo catalán, la extrema izquierda española y la legión de equidistantes que actúan en los medios de comunicación y las redes sociales definen a los 13 rebeldes como presos políticos y a cuatro de ellos como exiliados. Nada más lejos de la realidad; no están presos por sus ideas, sino por sus actuaciones contra la legalidad y no se han exiliado, sino que se han fugado de la acción de una justicia que está actuando con una contundencia que los secesionistas no esperaban. Pensaban que podían burlar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Código Penal, y no lo han conseguido.
Por supuesto que se pueden discutir las medidas cautelares adoptadas por el Supremo y la propia calificación del delito de rebelión. El tiempo dirá si son justas o no. Lo que es incontestable es que las andanzas de los líderes separatistas han llevado a Cataluña a un callejón sin salida y a los catalanes a una fragmentación y un nivel de enfrentamiento que tardará años en resolverse. Y todo, para nada; porque el procés ha muerto.
Solamente la vuelta a la sensatez y a la legalidad permitirá que Cataluña recupere la normalidad de su autogobierno y la prosperidad que siempre ha caracterizado a esta comunidad. Quedan menos de dos meses para investir un nuevo presidente de la Generalitat que pueda ejercer como tal y no es el momento de seguir proponiendo candidatos imposibles, ni de incendiar las calles con enfrentamientos que solo conducen al abismo.
La buena noticia en este proceso es la actitud del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha aguantado la presión con sentido de Estado y que, junto a Mariano Rajoy y Albert Rivera, han mantenido una defensa firme de la legalidad en España. Los tres deberían ahora pasar a una segunda fase para consensuar un proyecto político que haga posible la vida en común de Cataluña y el resto de España.