Esta coordinación puede quedar en agua de borrajas si los juicios rápidos, claves para atajar la reincidencia delictiva, tardan hasta once meses en convocarse por el colapso de las salas de lo Penal, como destapó este periódico. Para acabar con el atasco, los juzgados de Bizkaia han recuperado ahora los procedimientos ‘exprés’ -un día a la semana, con un máximo de diez vistas orales por jornada-, en una práctica aplicable al resto de territorios para mejorar la eficacia. Un esfuerzo que debe mantenerse no solo a través de cambios en el calendario, sino con presupuestos suficientes que sostengan el trabajo de los jueces.

La seguridad es una las mayores preocupaciones de los vascos, aunque el último Sociómetro rebaja su influencia -es la principal inquietud para el 16% de los encuestados, cuando lo era antes para el 21%-. En cualquier caso, el combate contra la criminalidad sigue en el centro del debate público, como lo demuestra el anuncio del Gobierno vasco de añadir los antecedentes policiales al origen de los detenidos en las informaciones que difunde la Ertzaintza. Se trata de una medida enmarcada por el consejero Bingen Zupiria en el compromiso de transparencia y capacidad de respuesta ante la inseguridad. Pero, a la vez, obliga al Departamento a actuar con rigor para evitar connotaciones electoralistas y dinámicas de estigmatización de los detenidos.

Es un terreno delicado para la Administración que exige conciliar el derecho a la seguridad ciudadana con el máximo respeto a las libertades individuales. Así se lo han hecho ver el Ararteko y una mayoría del Parlamento de la que participa el PSE, socio del PNV. La persecución del delito no admite sesgos que alimenten prejuicios o desvíen la atención del problema de fondo: la delincuencia, venga de donde venga, es una lacra que amenaza la convivencia.