El homenaje al juez y catedrático José María Lidón, asesinado a manos de ETA hace ahora 25 años, devuelve a Euskadi al corazón de la memoria democrática. Como sucede con todas las víctimas del terrorismo, recordar su figura no solo es un acto de justicia con su legado y con su familia: es una obligación ética para que la sociedad, sobre todo las nuevas generaciones, sepa que el Estado de Derecho se sostuvo, a pesar de los ataques más salvajes y las pérdidas irreparables. El testimonio ofrecido por su hijo Jordi -«he vivido más años sin mi padre que junto a él», dijo en el acto celebrado ayer en el Tribunal Superior vasco- evidencia la trágica magnitud de la violencia. Ha transcurrido una vida desde su cruel asesinato, pero el compromiso social contra la intolerancia debe mantenerse firme para que la verdad no pierda valor. Frente a la deshumanización que pretendía la banda terrorista, el recuerdo dejado por el magistrado constituye todo un símbolo de vida y cercanía. Un cuarto de siglo después, resulta inevitable pensar que el caso de Lidón, dedicado a impartir justicia y garantizar los derechos de todos, sea precisamente uno de los más de 300 asesinatos de ETA que siguen sin resolverse en sus autorías materiales.