LUCÍA MÉNDEZ – EL MUNDO – 04/06/17
· Mariano Rajoy está atrapado en una pesadilla. Siete meses después de tomar posesión como presidente del Gobierno, ha sido capaz de garantizarse la permanencia en La Moncloa para dos años, gracias a la aprobación de los Presupuestos.
Pero no tiene garantizada la estabilidad política, ni la tranquilidad, ni la acción de Gobierno más allá de la administración de las cuentas públicas. Ni siquiera en sus intervenciones públicas es capaz de disimular la amargura que le produce que la economía vaya bien y la política bastante mal. La economía es lo grande, piensa él, y nadie lo valora. La política es lo pequeño, son los «chismes» y es con lo que se tropieza cada día al despertarse.
El presidente del Gobierno apenas da crédito a que la aprobación de los Presupuestos –que tanto tiempo y transferencias de dinero público le han costado– haya pasado sin pena ni gloria por el escenario político. ¿Y los datos del paro? El brillo de los espléndidos datos del paro registrado en el mes de mayo y la espectacular cifra de nuevos afiliados a la Seguridad Social ha sido eclipsado por los líos de la Fiscalía. La potente propaganda gubernamental no logra sobrepasar con su satisfacción económica las líneas de la escandalera política diaria. El PP es un lamento, enfadado e impotente, acerca de la convulsión política, que sigue teniendo el mismo telón de fondo de siempre: la corrupción. «Los líos de la Fiscalía pasarán, dentro de un mes ya no se hablará de los fiscales, pero se seguirá hablando de corrupción, quedan muchos juicios y la experiencia nos dicta que no estamos libres de que salgan nuevos casos o réplicas de casos anteriores», asegura un dirigente.
La corrupción no sólo desgasta la imagen del partido gubernamental. El combate judicial contra la corrupción ha acabado, además, por producir un choque entre el presidente del Gobierno y dos poderes del Estado: los jueces y los fiscales. Un asunto de la mayor trascendencia para Mariano Rajoy, que es hijo de un juez. En su libro de memorias titulado En confianza, el jefe del Ejecutivo confiesa: «Mi padre, por quien tengo una devoción especial y ha sido un ejemplo permanente en mi vida, ejercía de juez, y de él heredé un sentido muy marcado por el respeto a las reglas, el sentido de la justicia y el esfuerzo».
Rajoy considera que este sentido suyo de la justicia no se corresponde con la actuación de jueces y fiscales en la España de hoy. Por eso en su segundo mandato decidió hacer lo que no había podido conseguir en el primero: poner orden en la Fiscalía. Eligió para ello a Rafael Catalá como ministro de Justicia. Lo que no calcularon ni el presidente ni su ministro es que los fiscales iban a rebelarse ante los planes gubernamentales. Y es el ministro quien está sufriendo las consecuencias políticas de este fallo en los cálculos. Fuentes del Gobierno justifican la necesidad de este giro en el comportamiento corporativo de una minoría de fiscales que tienen un sentido patrimonial de la institución. «Creen que la Fiscalía les pertenece».
A estas alturas, está fuera de toda duda que Manuel Moix, el dimitido fiscal jefe de Anticorrupción, ha caído víctima de sus propios errores y de la hostilidad de sus compañeros de carrera. El periodismo de una sociedad cada día más abierta –fue el digital InfoLibre el que publicó su participación en una sociedad en Panamá– hizo el resto. Los dirigentes populares que no conocían a Manuel Moix están sorprendidos por la torpeza de este fiscal. «Cualquiera sabe en España que en estos tiempos el sólo concepto de una sociedad en Panamá, por muy legal que sea, es un concepto maldito que te condena para seguir en la vida pública».
Dando por hecho que el plan de poner orden en la Fiscalía puede ser de largo recorrido, el mayor tropiezo inmediato de Mariano Rajoy con el Poder Judicial ha sido el varapalo que le han propinado los jueces de la Audiencia Nacional al obligarle a declarar en persona en uno de los juicios del caso Gürtel. Ni Moncloa, ni el PP han disimulado un enfado mayúsculo con la decisión y el contenido del auto de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los jueces refutan las razones de seguridad y de agenda que alegaba la carta remitida por la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Rosario Pablos, para pedir la declaración de Rajoy a través de videoconferencia. El auto señala que esas razones «no son consistentes» y no ahorra detalles sobre el escapismo del presidente. «La sede de la Audiencia cuenta con mayores garantías que otros lugares donde el testigo ha protagonizado actos y reuniones, más aún que las existentes en mercados y foros populares».
Pero lo que más ha alarmado y enfadado a Rajoy y sus colaboradores es la tesis de los jueces de que el presidente del Gobierno tiene que declarar en persona porque es un ciudadano español como los demás. Fuentes del PP señalan que esta decisión «crea un malísimo precedente y afecta a la institución misma de la Presidencia del Gobierno. No se puede desligar a Mariano Rajoy ciudadano de Mariano Rajoy presidente del Gobierno. Lo es las 24 horas del día.
En este momento es él quien ostenta el cargo, pero en el futuro vendrán otros y este precedente afectará a todos a partir de ahora». Dirigentes populares sostienen que la Audiencia «se ha pasado» con este auto y recuerdan que muchos diputados, senadores y hasta presidentes autonómicos han declarado como testigos a través de videoconferencia. Es por ello que en La Moncloa nadie albergó duda alguna acerca de que el tribunal le permitiría esta opción a Rajoy. Inquieta a los colaboradores del presidente del Gobierno el impacto –la estigmatización– que supondrá la foto del presidente ante el tribunal de la Gürtel a finales de julio. En particular, alarma sobre todo su reflejo en la prensa internacional.
LUCÍA MÉNDEZ – EL MUNDO – 04/06/17