Ignacio Camacho-ABC
- Hubo dejación de responsabilidades y ocultación culpable. Y la memoria de más de cien mil muertos espera una catarsis
No intervendrá de oficio la Fiscalía del Estado. «¿De quién depende, eh? Pues ya está». No se abrirá comisión de investigación en el Parlamento porque la izquierda tiene mayoría -desproporcionada respecto a su peso parlamentario real- en la Mesa. Será difícil que el Supremo admita una querella tras el archivo de las presentadas el año pasado. Y no habrá siquiera respuesta del presidente en alguna sesión de control porque se ha acostumbrado a no darlas. La confesión de Yolanda Díaz pasará sin consecuencias penales y sin explicaciones políticas; ella misma se ha apresurado a ponerle sordina. Pero ahí queda, por si alguien necesitaba todavía alguna prueba sobre la negligencia moralmente criminal del Gobierno en los primeros compases de la pandemia.
Cien mil muertos, literalmente mal contados, ya no pueden formular reclamación alguna por ese gigantesco engaño que convirtió la mentira en estrategia Estado.
No fue sólo el informe preventivo que elaboró el Ministerio de Trabajo. La Policía había advertido por escrito del riesgo casi un mes antes, y el titular del Interior acabó destituyendo al responsable. A Díaz, según sus palabras, la acusaron de alarmista sus propios compañeros de Gabinete. Hubo instrucciones de esconder la alerta, minimizar los indicios de peligro real y desestimar la adopción de medidas precautorias. Se encajonaron los avisos de la OMS y otros organismos internacionales. Se exhortó a los ciudadanos a llenar las calles en la efeméride feminista del ocho de marzo. Lo sabemos, como sabemos que el portavoz oficial, ahora desaparecido de escena, desaconsejó las mascarillas porque Sanidad era incapaz de encontrarlas en el mercado. Tampoco hemos olvidado que se inventaron un comité de expertos fantasmas y que usaron el estado de alarma para silenciar críticas y encubrir decisiones ajenas a la crisis sanitaria. Pero ahora es por primera vez una de ellos, una componente del Consejo de Ministros, quien admite que aquella monumental operación de encubrimiento no fue fruto de la ignorancia sino del cálculo. Y aunque la muevan motivos de deslealtad oportunista relacionados con el lanzamiento de su propia candidatura, sus palabras constituyen una requisitoria que sólo una opinión pública anestesiada puede recibir sin escándalo.
Esta suerte de delación llega cuando el Covid ofrece señales de regresar como amenaza seria sin que Sánchez se dé por concernido. Desautorizado por dos sentencias del Tribunal Constitucional, no parece dispuesto a salir de su quietismo. Lleva año y medio empeñado en evitar el desgaste, negándose a admitir que el coronavirus ha hecho saltar sus planes por los aires. A su incompetencia ha sumado desde el principio las agravantes de manipulación inescrupulosa, dejación de funciones y ocultación culpable. Y todo eso, con el resultado de una hecatombe física, social y económica, está pendiente de la imprescindible catarsis.