Un día después de que el Alto Tribunal diera por extinguido el delito de malversación en el caso de los exdirigentes independentistas catalanes, lanzando fuertes críticas al criterio «invasivo» del órgano de garantías, la tensión se trasladó ayer de lleno al censo. La decisión del máximo garante de la Constitución de rechazar el amparo reclamado con urgencia por el Defensor del Pueblo, un recurso empleado en contadas ocasiones por la oficina que ahora lidera Angel Gabilondo, deja en el aire la posibilidad de que voten 160.000 españoles que viven en el extranjero y que fueron nacionalizados a través de la ley de Memoria Democrática de 2022.

Es destacable que, en esta ocasión, la resolución se haya adoptado con el apoyo rotundo de 10 de los 12 magistradosdel plenario que preside Cándido Conde-Pumpido. Por tanto, por encima de la dinámica de bloques entre magistrados progresistas y conservadores que ha envuelto los fallos más controvertidos y que tanto puede erosionar la confianza en la Justicia por su eventual sesgo partidista.

Pero esta tregua procesal, asumida por prudencia frente a una «prematura» petición de impugnación, devuelve toda la presión al Supremo, que aún debe resolver el problema de fondo: si el Gobierno desbordó la ley y alteró de forma irregular el censo CERA tras aplicar una presunción generalizada de exilio a miles de descendientes. Sin embargo, si los ciudadanos se nacionalizaron de buena fe bajo una norma válida en su momento, suspenderles el voto los convierte en los perjudicados de un pleito entre jueces y el Ejecutivo del que son ajenos. Cuando el Supremo y el Constitucional se cruzan correcciones y reproches públicos, como sobre todo ocurre con la amnistía, la seguridad jurídica se resiente. El resultado es tan inmediato como peligroso a las puertas de las urnas. Para que su credibilidad no resulte dañada, la Justicia está obligada a trasladar en sus resoluciones la imagen de un arbitraje imparcial, blindada a la crispación.