Editorial, EL CORREO, 21/6/12
La legalización de Sortu compromete a la izquierda abertzale con el sistema de libertades
Un Tribunal Constitucional partido por la mitad resolvió ayer favorablemente el recurso interpuesto en su día por los promotores de Sortu contra la sentencia del Supremo que negó la inscripción en el registro de partidos a la nueva marca de la izquierda abertzale. El fallo zanja de manera aparentemente definitiva la cuestión de la participación con plenos derechos en la política institucional de una corriente política ligada ideológicamente al proyecto de ETA, a cuya actividad criminal dio cobertura y justificación y que hasta hoy nunca ha condenado de forma explícita. El propio resultado de la votación en el seno del TC, la aprobación por un solo voto de la ponencia que abogaba por la legalización de Sortu en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, muestra bien a las claras que este asunto sigue resultando vidrioso desde el punto de vista de la doctrina jurídica, que, se supone, es la única que debe guiar a los magistrados. A falta de conocer en detalle los fundamentos jurídicos de la sentencia, se deduce del resultado que la exigua -pero válida- mayoría de los magistrados que la respaldan da por buenos los estatutos de una formación que hace renuncia expresa de toda actividad violenta y se compromete en exclusiva con los métodos y las instituciones de la democracia, que el resto de las fuerzas políticas ejercen y respetan desde hace décadas. Los jueces aceptan, pues, como sinceros tales principios, lo que en realidad compromete a quienes los enuncian. Es Sortu, y no el Constitucional, quien está bajo vigilancia, ya que la vigente Ley de Partidos permite desandar lo andado e ilegalizar a cualquier formación que incumpliera los requisitos establecidos. La inscripción de Sortu entre los partidos democráticos equivale a suponer que quienes lo forman, sea cual sea su pensamiento, no mantienen ningún vínculo con una organización terrorista que, pese a su extrema debilidad, aún existe y no ha dado ninguna señal de que vaya a desaparecer por propia voluntad. La democracia, al aceptar en su seno a personas que en su día compartieron el proyecto de los pistoleros, no muestra blandura o pusilanimidad, sino, al contrario, fortaleza. Una fortaleza que habría de ejercer si quienes ahora se ven bendecidos por el sistema de libertades quisieran utilizarlo para actuar contra él.
Editorial, EL CORREO, 21/6/12