La deslegitimación del Parlamento: democracia o autocracia

El actual proceso político ha consistido en la involución de la democracia a la autocracia. El último acto, que acaso pueda pasar inadvertido y que es, tal vez, el más grave, ha sido la deslegitimación del Parlamento. Solo quedaba él. Han atacado al Rey, a los jueces, a los medios de comunicación no adictos y a todo lo que pudiera ser un control o un obstáculo para su poder. Aparentemente, es poca cosa. Pero solo aparentemente. El presidente del Gobierno ha dicho que el Parlamento se ha alejado de los ciudadanos, se ha opuesto a ellos. ¿Quién ostenta entonces la soberanía? Al parecer, solo él sabe lo que de verdad quieren los ciudadanos. En realidad, lo único que ha hecho es derribar dos decretos aprobados por el Gobierno. El mismo Parlamento que le ha apoyado durante algo más de tres años ahora se ve deslegitimado. Se ve que la soberanía nacional ya no reside en el Parlamento, sino en el Consejo de Ministros. Podría haber mencionado solo a la derecha, y no tendría razón. Podría haberse referido a una exigua mayoría de la Cámara, y tampoco tendría razón. Pero la mención al Parlamento en general constituye un atentado verbal contra la democracia y la Constitución. Manos mal que ahí está la Diputación Permanente para recuperar la legitimidad. No hay otra legitimidad que la que emana de la presidencia del Gobierno. Esto es hacer profesión de fe de tiranía.

No sé qué pasa que cuando se acercan las elecciones generales empiezan a suceder catástrofes, naturales o no, broncas, conflictos y la calle enloquece. Ya lo dijo el austero estadista Zapatero, aunque no pensaba que fuera a trascender su discreto dictamen: «Nos conviene que haya tensión». Pues ya tenemos la tensión. Todo muy extraño. Cuando lo natural es que la protesta ciudadana se dirigiera a quien había sido responsable durante más de siete años de la política de vivienda y no había modificado las leyes que permiten los desahucios, resulta que la culpa es de la oposición. La calle, en su infinita sabiduría, replicará que es por su voto en contra de los decretos. La oposición puede tener, y tiene, alternativas a esa política que no se limitan a dos decretos oportunistas y que posiblemente agravarían el problema. Ahora, la jefa de la estrategia electoral socialista, derrotada por la calle andaluza en las elecciones autonómicas, declara que la huelga general convocada está dirigida contra la oposición. Lo que, además del anuncio de un esperpento político sin precedentes (una huelga general contra la oposición y no contra el Gobierno), constituye un comprometido regalo para los sindicatos «mayoritarios» convocantes. Por cierto, a estos sindicatos cada vez les da más la espalda la calle. Se han apresurado a negarlo. Entonces, ¿contra quién va? ¿Contra nadie? ¿Contra los «buitres»? Una huelga general contra la oposición o que no surge de ninguna reivindicación laboral es política y, por lo tanto, ilegal. Y en vísperas de unas elecciones generales.

Aquí lo que va a ser expropiado no son los pisos, sino la democracia. En la legislatura que termina han pasado muchas cosas, pero quizá la más grave sea el proceso emprendido ya en la anterior de involución de la democracia, de transición de la democracia a la autocracia. El poder en realidad tiende a ser único y omnipotente. También en las democracias. Pero en éstas se arbitran procedimientos para que ese poder esté limitado y controlado. En caso contrario, la democracia deja de serlo y se convierte en autocracia. Por eso el test del autócrata es muy sencillo. Basta con comprobar lo que hace con esos controles y límites. Entonces, lo que está en juego no son tanto las políticas de los partidos como el futuro de la democracia. Lo que se vota el 29 de noviembre es una sencilla alternativa: democracia o autocracia.