La convocatoria de una huelga general por los sindicatos españoles no es un acto de defensa laboral frente a un gobierno que legisla en contra de los trabajadores.
Es una operación política dirigida contra una oposición que no detenta el poder ejecutivo ni dispone de instrumento alguno para imponer la política económica o social.
Esta circunstancia confiere al suceso un carácter excepcional en las democracias occidentales contemporáneas: una huelga general no contra quien gobierna, sino contra quien aspira a gobernar.
La huelga general ha sido, históricamente, un recurso extremo. Su justificación descansa en la existencia de un adversario concreto que, mediante leyes o decretos, lesiona derechos o condiciones de vida.
Cuando la movilización se orienta contra fuerzas que ocupan la bancada de la oposición, el instrumento deja de ser reivindicativo y se transforma en mecanismo de deslegitimación preventiva.
No se protesta contra decisiones adoptadas, sino contra la mera posibilidad de que determinadas opciones electorales puedan alcanzar el poder. Es un veto anticipado, incompatible con la lógica del sufragio universal y de la alternancia pacífica.
En las democracias consolidadas resulta inhabitual —por emplear un eufemismo— que las centrales sindicales convoquen el paro general contra formaciones que no ocupan el Consejo de Ministros. Hacerlo traslada el conflicto del terreno de la negociación colectiva al de la contienda partidista.
El resultado es la politización extrema de las relaciones laborales y la conversión de los sindicatos en correas de transmisión de sus socios políticos de la izquierda.
El asunto es aún más grave. Estos mismos sindicatos han prestado apoyo reiterado y sostenido a las políticas cuyos efectos ahora denuncian.
Es un veto anticipado, incompatible con la lógica del sufragio universal y de la alternancia pacífica
El aumento de la presión fiscal sobre el trabajo y la empresa, la expansión del gasto público deficitario, la rigidez regulatoria del mercado laboral y la subordinación de la productividad a objetivos redistributivos de corto plazo no son fenómenos ajenos al sindicalismo español. Han sido presentados, durante años, como conquistas sociales.
Cuando las consecuencias se manifiestan —estancamiento de la productividad, deterioro de la competitividad exterior, precariedad estructural de amplios colectivos—, la respuesta no es la rectificación, sino la externalización de la responsabilidad: matar al mensajero. Se protesta contra los efectos mientras se defienden las causas.
Los datos son elocuentes. La tasa de afiliación sindical en España apenas supera el 12-15 por ciento de los asalariados, una de las más bajas de la UE. Aun así, estas organizaciones mantienen un poder y una influencia desproporcionados, fruto de su estrecha imbricación con el poder político y de su acceso privilegiado a la negociación colectiva y a la financiación pública.
Mientras tanto, la productividad por hora trabajada, básica para poder subir los salarios reales, mantiene un encefalograma plano. El endeudamiento del sector público alcanza cotas alarmantes y la presión fiscal sobre el factor trabajo es de las más elevadas del continente.
Estas no son abstracciones. Son el resultado de políticas que los sindicatos han respaldado y no han combatido con la misma energía que ahora despliegan contra la oposición.
La contradicción no es accidental. Refleja una concepción del poder según la cual la legitimidad democrática queda condicionada a la permanencia de un determinado proyecto ideológico.
La huelga general, unida a las movilizaciones que la acompañan, constituye un ensayo general de lo que cabría esperar en caso de cambio de gobierno: una estrategia de resistencia institucional y de presión callejera destinada a impedir la aplicación de un programa alternativo.
El mensaje es inequívoco. Cualquier alternativa que no respete el marco de prioridades establecido por la coalición de gobierno y sus aliados sociales será combatida con los instrumentos de la movilización permanente.
Refleja una concepción del poder según la cual la legitimidad democrática queda condicionada a la permanencia de un determinado proyecto ideológico
Este fenómeno ilustra los riesgos de lo que algunos analistas han denominado “democracia de veto”. En ella, las instituciones formales de la representación —parlamento, gobierno, elecciones— coexisten con un sistema informal de contrapesos en el que sindicatos, movimientos y organizaciones afines se arrogan la facultad de invalidar resultados electorales que consideren adversos.
La huelga general deja de ser un derecho laboral y se convierte en arma política de desgaste. Su eficacia no se mide por la mejora de las condiciones de los trabajadores, sino por la capacidad de generar inestabilidad, polarización y costes políticos para la oposición.
Las consecuencias de largo plazo son serias. Cuando organizaciones con tasas de afiliación paupérrimas se convierten en extensión de la lucha partidista, su credibilidad ante amplios sectores de la población trabajadora que no se identifican con su agenda ideológica se derrumba.
Al mismo tiempo, se erosiona la confianza en las reglas del juego democrático. Si el cambio de gobierno puede neutralizarse mediante la movilización permanente, el valor del voto se diluye. La alternancia, piedra angular de cualquier sistema democrático, se transforma en un derecho condicionado.
La huelga es un derecho constitucional. Ahora bien, es esencial distinguir entre su ejercicio dentro de los cauces democráticos y su instrumentalización como mecanismo de exclusión política.
Una huelga general dirigida contra la oposición no es un acto de defensa de los trabajadores. Es un acto de afirmación ideológica que anticipa la resistencia a cualquier reordenación del poder.
Las movilizaciones actuales no son un episodio aislado. Constituyen el primer capítulo de una estrategia más amplia: convertir el espacio público en un campo de batalla permanente en el que la izquierda, derrotada en las urnas, pretenda imponer su veto a través de la calle y de las estructuras intermedias de poder.
Una huelga general contra la oposición es un acto de afirmación ideológica que anticipa la resistencia a cualquier reordenación del poder
La huelga general convocada contra quienes no gobiernan es, por ello, algo más que un error táctico. Es el síntoma de una concepción de la política en la que el poder no se pierde: se resiste.
Y esa resistencia, erigida en método, amenaza con reducir la alternancia democrática a una mera formalidad.