EL CORREO 08/03/15
· Una circular ordena revisar las denuncias y dar por cerrados los casos menores
La dirección de la Ertzaintza ha ordenado en una circular interna que se revisen las denuncias por delitos presentadas en 2014 y se den por cerrados determinados casos menores, pese a que no lo están. Se trata de una estrategia para reducir las tasas de expedientes abiertos y ‘maquillar’ unas estadísticas que comprometen la imagen del cuerpo. El Departamento de Seguridad asegura que sus tablas de codificación se rigen por la normativa existente y «están homogeneizadas» con las de otras policías. BILBAO. Hace unos años, se produjo una airada discusión entre los responsables de dos comisarías de la Ertzaintza. Una persona acababa de perder la vida en un accidente de tráfico que se había registrado en una carretera cercana al límite que separa los ámbitos de actuación de ambos centros policiales. Los dos mandos discutían porque entendían que el siniestro no había ocurrido dentro de su demarcación. Y, por tanto, el fallecido no debía ser incluido dentro de sus estadísticas. Se acercaba el final del año, la hora de hacer balance y rendir cuentas con sus superiores en los consejos de división. Y aquella víctima ‘contaminaba’ los registros de sus ertzainetxeas en un momento en el que existía una especial preocupación por los muertos en accidentes de tráfico.
Esta anécdota que recuerda ahora un responsable de la Ertzaintza es sólo un ejemplo de la importancia que tienen las estadísticas en los cuerpos policiales. Los sindicatos suelen denunciar, de forma recurrente, que su trabajo está demasiado orientado a «alimentar» los distintos cuadros de datos que se articulan para registrar la labor policial, sin apenas dejar espacio a la iniciativa investigadora de los agentes. También advierten de que algunos datos estadísticos son «maquillados» en función de determinados intereses o simplemente con el objetivo de vender una «gestión más eficaz» a la opinión pública.
Según diversas fuentes, se trata de una práctica habitual en el día a día de los centros policiales. Pero que ha quedado especialmente patente en una circular interna enviada en una comisaría vizcaína a la que ha tenido acceso EL CORREO. En el escrito, fechado a finales de enero, se encarga a los distintos grupos de investigación que «supervisen» por bloques las cerca de 3.000 denuncias recibidas durante el 2014. La orden es precisa. Los agentes deben examinar todas los documentos en los que, sin estar asignados a un atestado, el denunciante haya señalado a un posible autor del hecho denunciado. Y, dentro de este grupo, siempre y cuando no se haya realizado una diligencia de imputación al sospechoso mencionado por el ciudadano, los funcionarios deberán introducir en el ordenador el código G73, que viene a significar «imposibilidad de imputación». Esta diligencia –ordena la circular– «no será remitida al juzgado».
Realizar una G73 con una denuncia determinada significa que aparecerá como ‘caso cerrado’ en los archivos internos cuando los supervisores encargados de elaborar los balances finales afronten el examen de todas las denuncias. «Y la realidad es que, en estos casos, no están resueltos. Muchas veces porque, simplemente, no se puede», advierte un ertzaina con amplia experiencia en investigación. Según las fuentes consultadas, esta forma de actuar se aplica a los delitos menores en los que «resulta prácticamente imposible dar con el autor» o en los que «no existen medios suficientes» para poder probar las acusaciones con garantías. «En términos generales, los grandes casos –homicidios, agresiones sexuales…– siempre los resolvemos. Pero luego están los pequeños hechos delictivos, que constituyen la inmensa mayoría de los casos y en los que, muchas veces, no se puede dar con el autor. Son estas denuncias las que te estropean las tasas de resolución de delitos», explica un mando policial. De hecho, el Ministerio Fiscal ya ha advertido en diversas ocasiones de que se debe hacer un esfuerzo por «investigar mejor». Según sus datos, de los 135.143 asuntos penales abiertos a lo largo de 2011, apenas 6.135 terminaron en sentencia. Se trata del 4,54% del total. Un porcentaje que creció en 2012 hasta el 7%.
Robos en pisos y daños
Hay muchos casos en los que se puede «engañar al sistema» para dar por resueltas investigaciones que no lo están. Un ejemplo: un ciudadano acude a comisaría para denunciar que le han pinchado las ruedas del coche. El agente le pregunta si sospecha de alguien y el denunciante señala a una persona determinada, cuyo nombre es introducido en el ordenador como posible autor del hecho delictivo. En este caso, sin embargo, los ertzainas concluyen, por los motivos que sean, que resulta imposible probar esta acusación. La denuncia no se asigna a un atestado –que se suelen abrir cuando se emprende una investigación formal– y tampoco se realiza una «diligencia de imputación» del sospechoso.
Se trata de una denuncia que tiene todas las papeletas para ser sobreseída, una de tantas que termina archivada en el juzgado sin autor conocido. Sin embargo, al introducir el código G73, a nivel de las estadísticas internas figurará como ‘caso resuelto’. ¿Y por qué no se debe enviar esta diligencia al juzgado, como ordena la circular? Según las fuentes consultadas, es probable que los magistrados de instrucción no aprueben esta forma de actuar y pidan a los ertzainas que «investiguen más» –lo que demoraría mucho el proceso– o bien que se pongan en contacto con el «posible autor de los hechos».
También hay controversia por la tipificación interna de algunos delitos, que se «suele variar en función de las circunstancias para mejorar una estadística concreta». Por ejemplo, en un momento de repunte de los robos en domicilios. Según medios policiales, se han dado casos en los que un intento frustrado de robo en un piso se cataloga como un delito de «daños» porque los ladrones no llegaron a entrar en el piso y sólo provocaron destrozos en la puerta.