EL CORREO 14/05/14
La tesis definitiva de la Fiscalía es que el chivato que dos mandos policiales dieron a ETA en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006, que abortó y aplazó durante meses la redada con la que se pretendía desmontar el aparato de extorsión de la banda, tenía como único objetivo salvar el incipiente proceso de paz con el que el Gobierno de José Luis Rodríguez pretendía lograr el fin del terrorismo.
El Ministerio Público, después de años de actitudes contradictorias, ya no tiene dudas de que el inspector jefe José María Ballesteros entró ese día en el bar irunés y entregó un teléfono móvil a su propietario y presunto cabecilla de la red de extorsión, Joseba Elosua, para que el exjefe de la Policía en el País Vasco Enrique Pamiés le pudiese recomendar que no acudiese a una cita en Francia porque iba a ser detenido junto a otros etarras. Una operación antiterrorista en marcha desde hacía meses que podía dar al traste con los primeros contactos oficiales con la cúpula de ETA.
La Fiscalía, así, se reafirma en que ambos policías incurrieron en un delito de revelación de secretos, por el que la Audiencia Nacional los condenó en 2013 a un año y medio de cárcel y a cuatro de inhabilitación, pero rechaza sin matices que haya delito de colaboración con organización terrorista, del que los absolvió el tribunal central. El Ministerio Público, un año después, coincide con la sentencia de la Audiencia Nacional y defiende que la acción de ambos mandos, lejos de pretender ayudar a los fines de la banda, lo que se dirigió fue efectivamente a lo contrario, a tratar de salvar el proceso con el que se pretendía acabar con los atentados.
Con este argumento, el fiscal solicitó ayer al Supremo que desoiga el recurso de las acusaciones populares, que reclaman que los dos policías sean condenados a otros cinco años de cárcel por colaboración con ETA, y que declare firme la sentencia de instancia. La tesis defendida por el representante del Ministerio Público indica que, al final, los criterios de los fiscales de la Audiencia Nacional se han impuesto a los del propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
El paso atrás de este último llama igualmente la atención en un caso en el que el PP fue muy beligerante durante su etapa en la oposición. Intentó implicar por la vía penal al por entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a su director de la Policía, Víctor García Hidalgo. Más de dos años y medio después del cese de la banda, y ahora en el Gobierno, la posición de los populares es de perfil bajo. El abogado del PP mantuvo ayer su petición de condena por colaboración con ETA, pero renunció a tomar la palabra durante la vista celebrada en el Supremo. Fueron los letrados de la AVT y de Dignidad y Justicia quienes defendieron la comisión de dicho delito.