RESULTA un hecho sin precedentes en nuestra reciente historia judicial que no haya sido decretada ninguna medida cautelar relevante contra los nueve miembros de un clan familiar calificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) como un «grupo organizado» dedicado a la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Nadie es capaz de explicar en los ambientes jurídicos por qué el matrimonio formado por el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y su esposa Marta Ferrusola Llados, así como sus siete hijos, todos ellos investigados en diferentes causas abiertas, no sólo no han sido detenidos ni enviados a prisión preventiva, sino que continúan dedicados a sus actividades presuntamente delictivas. Según la información que publicamos hoy, dos meses después de su primera citación judicial en septiembre de 2014, el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, considerado el cerebro del entramado empresarial, puso en marcha una nueva estrategia de inversión con operaciones similares a las que están siendo investigadas por la Udef y la Fiscalía.
En este caso se trata de negocios de la más diversa naturaleza, que incluyen la implantación de huertos solares en Senegal, la edificación de una clínica privada y una planta de detergentes en Mauritania o varios hospitales en Cataluña. También, las pesquisas policiales han permitido conocer que la familia está interesada en la construcción de aparcamientos en los colegios escolapios en Cataluña y en hacerse con la concesión, en régimen de «pseudo monopolio», de las paradas de autobuses en Andorra. Por si fuera poco, Pujol Jr. ha aprovechado la inacción de la justicia para engrosar su nutrida colección de coches deportivos de alta gama, con dos nuevas piezas que estaría negociando en el Reino Unido. Todas estas inversiones son parte del resultado de la gestión de un patrimonio desmesurado (uno de los más grandes de España, según la Udef), cuya procedencia no ha podido ser acreditada. Según la versión dada por el patriarca del clan, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, el dinero viene de una herencia no declarada en su día a la Hacienda española del «abuelo Florenci». Sin embargo, tanto la Fiscalía, como la Agencia Tributaria y la Udef coinciden en que esto no sería nada más que una coartada para ocultar el origen ilícito de la fortuna, que podría provenir del cobro de comisiones ilegales a cambio de concesiones de obras públicas en Cataluña durante los años en los que Jordi Pujol ejercía un poder incontestable desde la Generalitat.
Lo inexplicable es que siendo tantas las evidencias de irregularidades, que en este periódico hemos venido detallando desde hace varios años, los dos jueces de la Audiencia Nacional que se han hecho cargo del caso, primero Pablo Ruz y ahora José de la Mata, han sido incomprensiblemente prudentes a la hora de decretar medidas preventivas ni contra los padres ni contra ninguno de los hijos. Y más extraño resulta este comportamiento cauteloso si tenemos en cuenta que ninguno de los nueve investigados se ha dignado a colaborar con la Justicia y podrían estar aprovechando su impunidad de facto para destruir pruebas.
Es más, la Agencia Tributaria ya ha denunciado que Jordi Pujol Ferrusola escondió el ordenador de las empresas que usaba para cobrar comisiones y lo sustituyó por uno completamente vacío un día antes de que Hacienda inspeccionara sus oficinas. Además, el primogénito del clan transfirió hace un año 135.000 dólares a su ex socio y testaferro argentino Gustavo Shanahan para que ese mismo día acudiera a un notario argentino y le exculpase en la compra del puerto fluvial de Rosario. Es decir, que compró a un testigo para que cambiase sus declaraciones.
Además de estas maniobras, que tendrían como fin obstaculizar la acción de la Justicia, los documentos incautados hace un año por la Udef en las oficinas de Jordi Pujol Ferrusola incluyen un manual sobre cómo declarar ante el juez para evitar que se descubra el complejo entramado empresarial.
Ante una falta de explicación racional a lo extraordinario de esta situación, sólo nos cabe inferir que está surtiendo efecto el chantaje que Jordi Pujol lanzó el día de su comparecencia en el Parlament el 26 de septiembre de 2014. Entonces, el ex presidente de la Generalitat amenazó con tirar de la manta con unas palabras que dejan poco lugar a dudas: «Si vas segando la rama de un árbol, al final cae la rama… caerán todas». En cualquier caso, resulta extremadamente frustrante para la sociedad española contemplar un ejemplo de impunidad tan escandaloso.