EL MUNDO – 16/02/16 – EDITORIAL
· El Tribunal Supremo ha condenado a la Generalitat de Cataluña a indemnizar a una niña que no recibió educación en castellano y a quien en 2013 el Alto Tribunal reconoció «el derecho a recibir en castellano la educación infantil». Los padres solicitaron una indemnización por la imposibilidad de ejecutar la sentencia, habida cuenta de que la niña había terminado entonces los estudios primarios. El Tribunal Superior de Cataluña estableció una compensación por cada hora de castellano –seis y media cada semana– privada a la alumna. Y ahora es el Supremo el que falla en firme negándose a admitir a trámite el intento de revocar la sentencia del TSJ catalán. La Generalitat deberá abonar a la familia 3.000 euros.
El caso pone en evidencia la fijación de la Generalitat de Cataluña por preservar el sistema educativo moldeado alrededor del uso del catalán, lo que obliga a muchos padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano a recurrir a la Justicia para defender un derecho, el de la libertad de educación, consagrado en la Constitución. Las sentencias judiciales, no obstante, son parches a un modelo pedagógico excluyente y sectario que la Generalitat ha impuesto como dogma de fe y con el consentimiento de la mayoría del arco parlamentario catalán –incluido el PSC– desde los años 80.
Rajoy, en plena tormenta política por el Estatut, se comprometió a garantizar por ley la enseñanza en castellano en toda España. Es cierto que la Lomce, aprobada en 2013, relega las lenguas cooficiales a materias «de especialización», en contraste con las troncales y las específicas; y que el propio ex ministro Wert fijó en un 25% de horas lectivas en español el mínimo para garantizar el carácter de lengua vehicular. El problema es que la Generalitat se ha declarado insumisa en la ejecución de la Lomce y que el Gobierno del PP –igual que los anteriores– se ha mostrado incapaz de garantizar la aplicación de la legislación vigente.
El sistema de inmersión lingüística, que consagra el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, fue ideado por el pujolismo. Contó con el beneplácito de la Generalitat durante la etapa del tripartito de izquierdas y, como era previsible, se ha intensificado durante la última etapa del Govern, antes con Mas y ahora con Puigdemont, y siempre con ERC como guardián de las esencias patrias en un asunto clave para el independentismo como es la educación.
Lejos de garantizar la libertad de enseñanza en español o en catalán –las dos lenguas oficiales en Cataluña–, los distintos Ejecutivos catalanes han vulnerado las leyes hasta el punto de incumplir la jurisprudencia del Supremo, que avala el derecho de los padres a que sus hijos estudien en la lengua vehicular que elijan en cualquier comunidad autónoma.
Ya en 2010, en su fallo sobre el Estatut, el Constitucional señaló que el castellano debe «disfrutar de la condición de lengua vehicular». Sin embargo, la vigente Ley de Educación catalana, que sustituyó a la Ley de Política Lingüística impulsada por CiU en 1998, supuso de facto una declaración de independencia en esta materia por la marginalidad a la que relega el castellano. Este periódico comparte las sentencias que tratan de corregir este lacerante marco legal. Pero lo realmente apremiante es que la Generalitat articule un sistema educativo que respete el derecho de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos.
EL MUNDO – 16/02/16 – EDITORIAL