EL MUNDO 29/08/15 – EDITORIAL
· Desde que en un arrebato de sinceridad, Maragall acusó a CiU de tener un problema llamado «3%» –en alusión velada al porcentaje que la federación se debía de embolsar por el cobro de comisiones ilegales–, la sombra de la corrupción no ha dejado de perseguir al partido de Pujol y Mas. De poco sirvió la omertá posterior. Poco a poco ha ido saliendo a la luz un rosario de casos que implica a los máximos dirigentes del nacionalismo catalán –muchos de ellos imputados– y muestra una tela de araña al servicio de la financiación irregular de Convergència. Los registros efectuados ayer por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción en la sede de CDC en Barcelona, en su Fundación CatDem y en cuatro ayuntamientos catalanes, ponen de nuevo el foco en el asunto. Pero, justo al contrario del victimismo esgrimido por el president y los suyos, que la investigación se produzca a un mes de las elecciones del 27-S confirma que la huida hacia adelante de Mas en su deriva independentista es una estrategia para eludir sus responsabilidades y, de paso, tratar de escapar a la acción de la Justicia que acorrala a su partido.
Anticorrupción, tirando del hilo de la operación en la que fueron detenidos Jordi Sumarroca –miembro del clan tan vinculado al pujolismo– y el alcalde de Torredembarra, entre otros, buscaba ayer documentación. Sospecha que CDC habría cobrado comisiones ilegales del 3% a la constructora Teyco –propiedad de la mencionada familia Sumarroca, siempre tan generosa en sus donaciones a Convergència– a cambio de contratos. Es el mismo modus operandi que en otros escándalos, como el tristemente célebre caso Palau.
En este escenario, si no fuera porque estamos ante el mayor desafío al Estado desde la consolidación democrática, cabría tomarse a broma el argumentario de la candidatura unitaria independentista Junts pel Sí. Sin pudor, defiende el «prestigio internacional» de Mas, a quien erige en paladín «contra la corrupción». Sobre lo primero, basta recordar el papel del president en sus distintas giras por el extranjero, donde sólo ha cosechado portazos de los mandatarios internacionales. Pero realmente inadmisible es lo segundo.
Hagamos memoria. El juez que investiga el saqueo del caso Palau ha embargado hasta 15 sedes de Convergència como responsabilidad civil por lucrarse del expolio. Pujol y sus vástagos están investigados por toda clase de delitos de blanqueo, cohecho y enriquecimiento ilícito –al estallar la trama ITV, Oriol se vio obligado a dimitir en 2013 como secretario general de CDC, tras hacer tándem durante años con Mas–. Un buen puñado de alcaldes y altos cargos del partido se enfrentan a cárcel e inhabilitación por cobros de comisiones y blanqueo…
De lo expuesto se deduce que, como mínimo, Mas siempre echa balones fuera, igual que intentó hacer con la cuenta paterna en Liechtenstein de la que era beneficiario. En realidad, el president no ha hecho lo más mínimo por acabar con la corrupción en su entorno. En todo caso, sus responsabilidades políticas son obvias. Y unas elecciones como las autonómicas sirven justamente para que los ciudadanos puedan juzgar la acción de sus gobernantes, un debate que Mas ha hurtado al intentar convertirlas en plebiscitarias. En el proyecto soberanista se diluye todo y la Generalitat no da cuentas de nada. Una clara argucia con tufo antidemocrático. Igual que el de que el independentismo, ante la aparición de estos casos, se limite a envolverse en la bandera y a denunciar una supuesta caza de brujasespañolista. Hoy Junqueras y Romeva, compañeros de viaje de Mas en su ilegal aventura, deberían explicar si su proyecto pasa por la condescencia con la corrupción de Convergència.