EL MUNDO – 29/08/15
· La Guardia Civil registra la fundación y la sede del partido para acreditar que se financiaban con comisiones del 3% El presidente catalán denuncia «juego sucio» ante miles de seguidores.
El 24 de febrero de 2005, el president Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones ilegales del 3% procedentes de obra pública sin aportar pruebas. Ayer, más de una década después, se activó una histórica operación judicial en busca de evidencias que demuestren las supuestas mordidas que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) habría usado para financiarse a cambio de facilitar contratos a empresas afines.
La operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) se precipitó ayer, coincidiendo con otro hito temporal: la cuenta atrás para las elecciones al Parlament del 27-S a las que CDC acude en coalición con ERC con el objetivo de declarar la independencia. En el primer gran acto de precampaña de Junts pel Sí, el president Artur Mas eludió referirse a la operación policial y habló de «juego sucio» del Estado.
El origen de estos registros se encuentra en los documentos incautados en la sede de la constructora Teyco el pasado julio. En ellos, aparecían anotaciones de diversas adjudicaciones públicas junto a la cifra correspondiente al 3% de comisión, además de referencias a que una parte del dinero terminó en las arcas de la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem). Ayer fueron registradas su sede y la del cuartel general de CDC, la Casa Gran del Catalanisme, además de cuatro ayuntamientos y el domicilio del ex tesorero del partido Daniel Osàcar.
Fueron la culminación de una investigación que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron hace un año para establecer el pago de supuestas comisiones abonadas al partido por Teyco, íntimamente ligada a CDC. Carles Sumarroca i Coixet, patriarca de la familia propietaria de la empresa y de la también constructora Emte, fundó el partido junto al ex president Jordi Pujol.
Teyco fue puesta en el punto de mira de los investigadores por una ex concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona), Montse Gasull –hoy fuera del partido republicano–, quien denunció complicidades entre el consistorio y la constructora a cambio de adjudicaciones a dedo de obras. Entre ellas la creación en 2009 de un aparcamiento municipal por 2,5 millones cuyo coste final fue muy superior al presupuesto inicial. Hasta de un 40%.
En una primera fase del conocido como caso Torredembarra la Fiscalía Anticorrupción acreditó el pago de más de 1,4 millones de euros de Teyco a dos empresas del entonces alcalde de la localidad, Daniel Masagué (CDC), a cambio de trabajos supuestamente inexistentes. El edil fue entonces encarcelado por primera vez y abandonó el partido. El ex consejero delegado de Teyco Jordi Sumarroca –hijo del fundador de CDC– también fue imputado por delitos contra la Administración Pública y blanqueo.
El 23 de julio la Guardia Civil activó una nueva fase del caso bajo el nombre de Operación Petrum. En esa ocasión se detuvo por segunda vez a Masagué. También a Jordi Sumarroca; a su prima y su tío, a su vez directivos de Teyco y a un asesor fiscal de la empresa. Por orden del juez únicamente Jordi Sumarroca permaneció en prisión hasta el 11 de agosto. Sólo obtuvo la libertad tras pagar 600.000 euros de fianza.
Fue durante el registro de la sede de Teyco en la parte alta de Barcelona y del domicilio particular de Sumarroca cuando Anticorrupción localizó indicios que condujeron a la Operación Petrum II llevada a cabo ayer. Según fuentes conocedoras del caso, la Guardia Civil encontró ingentes cantidades de documentación durante el registro en julio del domicilio de Sumarroca. Entre otros indicios, hallaron anotaciones en una caja fuerte que apuntaban a pagos supuestamente irregulares del 3% desde Teyco a CDC a través de pagos ocultos como falsas aportaciones a la Fundació CatDem.
El grueso de los registros que comenzaron poco antes de las 9 de la mañana de ayer y que, superadas las 21.00, aún seguían en marcha se centraron en las sedes de CDC. La primera ofensiva se concentró en la Fundació CatDem, en la calle Caspe de Barcelona, donde la Guardia Civil y los fiscales buscaron documentos sobre las aportaciones voluntarias de Teyco. A la misma hora se registraba también la vivienda del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, también imputado por el caso Palau por el saqueo del Palau de la Música y el desvió de 6,6 millones a las arcas del partido.
Fuentes conocedoras del caso aseguraron ayer a EL MUNDO que las comisiones que se persiguen ahora se habrían pagado de forma similar a cómo, según sostienen la Fiscalía y el juez del caso Palau, se hizo en el caso de la institución musical. Esto es, ocultando en forma de aportaciones voluntarias a la CatDem –antes Ramon Trias Fargas– pagos derivados de adjudicaciones irregulares.
El registro se extendió a la sede central de CDC. Allí se analizó documentación del despacho profesional del administrador de la CatDem y de CDC, Andreu Viloca. También se hizo una copia de los correos electrónicos internos a nombre del ex tesorero del partido.
Las mordidas que acababan en la CatDem procederían de obras públicas que la empresa constructora obtuvo desde 2008 en ayuntamientos gobernados por el partido nacionalista. Todas las obras, además, se habrían visto beneficiadas con fondos del Ejecutivo central en aplicación del conocido como plan E, una medida impulsada por el ex presidente del Gobierno Jose Luís Rodríguez Zapatero para fomentar la obra pública entre 2009 y 2010.
En concreto la Guardia Civil reclamó ayer documentación sobre una piscina municipal construida por Teyco en Figueres por 1,7 millones; el proyecto de ordenación del parque de Can Xardó de Lloret de Mar (Girona) por 1,78 millones; pisos de protección oficial en Sant Cugat (Barcelona) y un centro municipal en Sant Celoni. Los alcaldes de todos los consistorios registrados coincidieron ayer en tachar de «desproporcionada» la puesta en escena de la Guardia Civil –que desplazó a decenas de agentes uniformados con petos con las siglas del cuerpo– y las pesquisas que ordenó Anticorrupción. En todos los casos los primeros ediles convergentes sostuvieron, también, la legalidad de todas las obras. En un comunicado a los medios Teyco también defendió la legalidad de sus trabajos.