El informe de la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde en el que se opone a que se investigue por terrorismo a Carles Puigdemont por su presunta implicación en los disturbios de Tsunami es un balón de oxígeno tanto para el expresidente catalán huido de la justicia como para el Gobierno.
La teniente pide en su informe que se devuelva a la Audiencia Nacional la causa de Tsunami y que se siga investigando esta allí al considerar que no existen indicios suficientes contra Puigdemont.
Sánchez Conde se opone así al criterio de once fiscales de la junta del Tribunal Supremo que sí apreciaron indicios suficientes para investigar por terrorismo a Puigdemont.
En el informe del fiscal Fidel Cadena, a cuya interpretación se opone la teniente fiscal y que recoge el criterio de los fiscales, se afirma que Puigdemont «ostentaba el liderazgo absoluto» de Tsunami y llevaba «las riendas» del movimiento.
También se define a Tsunami como «grupo organizado de carácter terrorista» cuyo objetivo era «desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos y, en concreto al Tribunal Supremo, el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes».
La teniente fiscal del Supremo hace sin embargo, de acuerdo con el criterio de EL ESPAÑOL, una interpretación exageradamente voluntarista de los hechos investigados.
Sin cerrarse a la posibilidad de que esos hechos puedan ser calificados en el futuro como terrorismo, y aun reconociendo su gravedad, Sánchez Conde afirma que la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón «no ha venido precedida de una investigación suficiente».
Eso le sirve a la teniente fiscal para negar que se pueda sostener que Tsunami fuera «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva«.
El criterio de Sánchez Conde coincide, de forma no casual, con el del fiscal general.
La teniente fiscal resta potencia a los indicios de la exposición razonada de García-Castellón que ponen de manifiesto que Puigdemont conoció desde el primer momento la creación de Tsunami, que valoró la posibilidad de que las acciones de sus integrantes pudieran tener consecuencias fatales y que, a pesar de ello, no hizo nada para evitarlo.
El informe de la teniente fiscal llega en un momento crítico de las negociaciones entre el Gobierno y Carles Puigdemont acerca la redacción final de la ley de amnistía y da un respiro a ambas partes, muy presionadas por la posibilidad de que las acciones del expresidente y de Tsunami sean consideradas finalmente como terrorismo.
Algo que haría prácticamente indefendible en Europa la concesión de la medida de gracia.
Negando que existan indicios suficientes para calificar como terroristas las acciones de Puigdemont, pero sin cerrarse a la posibilidad, Sánchez Conde reviste con argumentos jurídicos aparentemente prudentes lo que no puede ser leído de otra forma que como un favor al Gobierno.
Sánchez Conde, que da a los indicios reseñados por García-Castellón una interpretación completamente diferente a la que hacen García-Castellón y los fiscales del Supremo, no tiene sin embargo la última palabra al respecto.
Esa última palabra corresponde a la Sala II del Supremo. Y es ahí donde la interpretación del juez instructor de la Audiencia Nacional y el criterio de los fiscales debe prevalecer, a juicio de este diario, sobre las interpretaciones de la teniente fiscal.