Adelantarse a los problemas es evitar que el perjuicio sea irreparable. Esta es la tesis defendida por los jueces que han dado la razón a los estudiantes que recurrieron a la vía de lo Contencioso-Administrativo. Buscaban que sus malas notas en la prueba de Lengua Vasca y Literatura II no fueran tenidas en cuenta en el proceso de matriculación que, en el caso de la Universidad pública vasca, concluye hoy. Pero también es la teoría que maneja el rectorado de la EHU para negarse a su cumplimiento, amparado en la igualdad de oportunidades y en impedir que se discrimine al resto del alumnado. En realidad, el litigio revela la incapacidad de la Universidad, la consejería de Educación y los estudiantes afectados para haber resuelto en el ámbito educativo el rosario de suspensos en la PAU. Un proceso en el que ha faltado transparencia y sobra tensión identitaria.

La imprevisión tampoco ayuda en la búsqueda de la estabilidad. El plan contra la segregación escolar, presentado ayer por el Gobierno vasco y los agentes educativos, se antoja fundamental para mejorar la situación de los estudiantes más vulnerables en centros públicos y concertados. Sin embargo, la falta de definición en algunas medidas concretas puede lastrar sus resultados. Está por ver el alcance de la gratuidad en la enseñanza y cómo se concilia el evidente desequilibrio que existe entra las plazas ofertadas y el menor número de alumnos a consecuencia de la caída de la natalidad. El País Vasco necesita seguridades en un terreno tan sensible en el que no puede haber lugar a ninguna evaluación bajo sospecha ni a ningún gueto. Ni lingüístico ni por clase social o económica.

La segregación suele ser más acusada en comunidades como la vasca, con dos lenguas cooficiales y una fuerte dependencia demográfica de la inmigración. Esa mochila no necesita cargar con improvisaciones, teniendo en cuenta que la escuela pública asume la mayoría de los menores de origen extranjero que se incorporan a clase con el curso ya empezado. Urge aprobar la lección de la confianza.