Ignacio Camacho-ABC

  • La clave de la inmersión no es cultural sino demográfica. La enseñanza en español estorba el proyecto de mayoría identitaria

Los nacionalistas saben que la lengua es una patria. Quizá la más irrenunciable de todas; más honda que la emocional, la política, la territorial o la ideológica. Y por eso, desde los tiempos de Pujol, han diseñado la inmersión lingüística como una estrategia de construcción identitaria que funciona con regularidad minuciosa. Se trata, por supuesto, de un proyecto de autoafirmación teñido de xenofobia porque su objetivo final consiste en borrar cualquier traza española que entorpezca o perturbe la conciencia de una cultura propia. El mecanismo está pensado como el de una bomba de tiempo, destinada a estallar cuando las últimas generaciones de inmigrantes educadas en castellano hayan muerto y dejen paso a una mayoría demográfica crecida en el adoctrinamiento. En

ese momento, que no está ya lejos, la independencia debería caer por su propio peso. El ‘procès’ sólo fue un intento impaciente de acelerar los acontecimientos, y falló porque sus propios promotores cayeron presos -en sentido literal- de un ataque de vértigo.

El Estado, o sus responsables, rara vez se han dado cuenta de que el designio secesionista es inseparable del control de la escuela, que a su vez se asienta sobre la imposición de la lengua. Y si se han apercibido da igual porque nunca han actuado en consecuencia preservando el bilingüismo no ya como un patrimonio inmaterial de enorme riqueza sino como el método más efectivo de fomentar la convivencia. Los únicos que se han esforzado en resistir la exclusión han sido algunos constitucionalistas que han emprendido largas batallas legales, por lo general victoriosas pese a la lentitud de la justicia, cuyas resoluciones han sido sistemáticamente desoídas por las autoridades educativas. Y pinta que lo volverá a ser la última sentencia del Supremo ante la expresa voluntad de desobediencia del nacionalismo respaldada de hecho por la inhibición de un Gobierno para el que este pleito es un asunto ajeno.

La rebeldía de la Generalitat, que ha dado orden de ignorar el veredicto, incurre de lleno en un supuesto de aplicación del Artículo 155. Pero tendrán que ser de nuevo las familias y asociaciones reclamantes las que insten a los tribunales el cumplimiento efectivo de un fallo que no debería tener ya otro recorrido que el de su aplicación inmediata y sin casuismos. La política no les va a dar amparo. No será desde luego Sánchez el que comprometa sus pactos parlamentarios para garantizar la tutela de los derechos de unos ciudadanos tratados como metecos en un país extraño por intentar que sus hijos estudien -el 25 por ciento de las asignaturas, ojo- en el idioma oficial del Estado. Que acudan a la escuela privada, dice Ada Colau en un gesto de condescendencia con esa gente tan rara. Ésta es la anomalía normalizada por la sociedad catalana: considerar una extravagancia que unos españoles quieran hablar español en España.