El Correo-JOSU DE MIGUEL BÁRCENA Abogado y profesor de derecho constitucional
El independentismo ha mostrado su desdén por la democracia representativa. La ruptura de la unidad secesionista, que deja en minoría al Gobierno de Torra, abre una nueva etapa
Llevamos muchos años de anormalidad institucional en Cataluña. En concreto, desde que Artur Mas decidiera convocar elecciones en otoño de 2012 tras la multitudinaria manifestación de la Diada y la negativa de Mariano Rajoy a negociar un concierto económico para la comunidad autónoma. Desde entonces, apenas se ha aprobado un Presupuesto, hemos tenido otros dos procesos electorales y otros tantos presidentes. El desdén por la democracia representativa mostrado por el independentismo ha desembocado en un populismo que se ha llevado por delante el sistema político y de partidos del Principado, quebrando la posibilidad de un consenso mínimo para una gestión ordinaria que ha quedado en manos de la burocracia y la Administración autonómica.
Desde el inicio de verano el Parlament está prácticamente cerrado, por lo que es imposible realizar la función legislativa y de control al Gobierno. Ese cierre se debe al auto del Tribunal Supremo, que confirmaba en julio el procesamiento por delito de rebelión de los diputados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez. En virtud del arttículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ese procesamiento implica la suspensión del ejercicio del cargo o función pública mientras dure la situación de prisión. Diversos procesalistas han apuntado, no sin cierta razón, que el auto del juez Pablo Llarena ha podido realizar una interpretación extensiva del precepto citado, pues la suspensión está prevista para personas integradas o relacionadas con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes.
No es esta una cuestión menor porque, al fin y al cabo, se trata de la afectación de importantes derechos fundamentales. Ahora bien, confirmada la decisión, al Parlament le toca cumplir con la misma, pues se trata de un órgano con autonomía institucional, no soberanía, como a veces se apuntaba desde el País Vasco cuando hubo que acatar diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación a la ilegalización de Batasuna. Sin ir más lejos, la Cámara de nuestra comunidad autónoma suspendió de su condición de representante a ‘Josu Ternera’ una vez que el Tribunal Superior de Justicia comunicó su situación jurídica al procesarle por el atentado perpetrado en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.
Los diputados catalanes procesados por el golpe perpetrado contra el Estado de Derecho el año pasado no aceptan el auto de Llarena y se han ido presentando diversas soluciones para esquivarlo. La primera la dieron los letrados del Legislativo: ser sustituidos temporalmente por otros diputados. Esta es una solución constitucional y razonable en tanto en cuanto hay que procurar que los representantes y grupos parlamentarios no sufran una merma de sus derechos y facultades de participación. Ahora bien, es importante apuntar que ni en el ordenamiento jurídico estatal ni en el autonómico se ha previsto la sustitución temporal de representantes, por lo que no es aplicable a la situación procesal de Puigdemont y los demás políticos independentistas.
Los grupos de Junts per Catalunya y ERC han propuesto que los diputados suspendidos deleguen sus votos en otros. Sobre esta cuestión me gustaría apuntar que, en términos generales, la Constitución española prohíbe la delegación del voto de los representantes porque este es «personal e indelegable» (art. 79.3). Pese a ello, el reglamento del Parlament –como, por cierto, el del Congreso de los Diputados– permite la delegación del voto de los diputados circunscribiendo dicha posibilidad a casos de maternidad, enfermedad grave e incapacitación debidamente acreditada.
No obstante la letra del reglamento, los diputados independentistas encarcelados o fugados han venido delegando su voto desde antes de que Llarena formulara su auto de procesamiento. ¿Dónde está el problema entonces? Puigdemont y sus compañeros de Junts per Catalunya quieren prolongar la situación previa a dicho auto, porque realizar una nueva delegación supondría la aceptación del mismo y la carga política que ello conlleva: la dura realidad de la legalidad ‘española’.
Como los diputados de ERC sí han consentido realizar una nueva delegación, se ha producido el choque final entre las tres formaciones independentistas al formarse dos bandos: Junts per Catalunya y la CUP, por un lado, y el partido de Junqueras, por otro. Así las cosas, el Gobierno de Quim Torra se queda en minoría en el Parlament, pues los votos de Puigdemont, Turull, Rull y Sánchez ya no pueden computar como válidos.
Resulta precipitado e insondable saber si esto supondrá la ruptura final de la unidad de los partidarios de la secesión: doctores tiene la iglesia ‘procesista’. Si fuera así, no resultaría descabellado que se formara una nueva mayoría con ERC, PSC y los Comunes, en una especie de reedición del infausto tripartito. Claro que, en tal caso, quien quedaría en entredicho sería el propio Torra, modelo de candidato accidental que ha llevado a Cataluña a la actual situación de quiebra política e institucional.