El Gobierno está decidido a revertir su propia reforma del CGPJ ejecutada hace poco más de un año, con el fin de volver a dotar al órgano de gobierno de los jueces de poder para realizar nombramientos pese a estar con el mandato caducado. La Moncloa considera que el coste político de aparecer como un Ejecutivo inconsecuente y voluble le puede compensar si logra cambiar las mayorías del Tribunal Constitucional y revertir el actual 5-7 de superioridad conservadora, por un 7-5 a favor de Sánchez.

A mediados de junio venció el mandato de cuatro jueces del Constitucional, dos de ellos de designación directa del Gobierno y dos del CGPJ. Y La Moncloa quiere aprovechar la ocasión, sin esperar a lograr un acuerdo con el PP, para colocar a dos magistrados de su cuerda porque entre otros temas de enorme calado está a punto de resolverse el eterno recurso contra la ley del aborto de Zapatero. Una resolución que declare inconstitucionales algunos aspectos clave de la interrupción voluntaria del embarazo de la norma de 2010, bastante menos desbordada que la que PSOE y Podemos han pactado y tienen en el horno, podría desbaratar todo el proyecto ‘progresista’ que Sánchez considera clave para mantener el voto femenino en las próximas autonómicas y locales. La penúltima bala antes de las generales de 2023.

El hecho de que el TC, incluso con mayoría conservadora, no se haya pronunciado después de doce años da una idea del conflicto ético, legal, moral y social que rodea a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en España. La decisión del Supremo de EE UU de revocar el derecho constitucional al aborto ha reavivado un debate que con la ley que preparan PSOE y Podemos de aborto libre y accesible hasta las 14 semanas, incluso hasta las 22 y sin permiso paterno desde los 16 años, puede convertir este delicado laberinto legal y moral en un punto caliente en los próximos meses. Por eso las prisas de los socialistas, que tiemblan ante un escenario en que el TC actual resuelva el viejo recurso del PP declarando algunos puntos de la ley Zapatero inconstitucionales. El proyecto estrella de la coalición gobernante nacería muerto.

Sin embargo, en España, el debate no se centraría en suprimir el derecho a la interrupción del embarazo sino en regular el equilibrio entre el derecho de la gestante y el del nasciturus, los plazos, la edad mínima y el marco legal global, que fije un terreno común para la mayoría de las sensibilidades. Quizás el resurgimiento reciente de los movimientos provida en España tenga algo que ver con la pulsión de la izquierda por capitalizar políticamente un tema tan íntimo y moralmente delicado.