Pedro Sánchez tiene un problema añadido en Ceuta: la salida más rápida para aliviar la presión sobre la ciudad, trasladar a la Península a una parte de los inmigrantes que todavía permanecen allí, está políticamente cerrada y jurídicamente muy limitada. Y no sólo por la oposición de las comunidades del PP.

Fuentes del Gobierno admiten en privado que la Unión Europea está condicionando su margen de actuación. «Europa no quiere» traslados a la Península, resumen. La razón es que Ceuta tiene un régimen especial dentro del espacio Schengen y mantiene controles para viajar al resto del territorio. Pero el resto de España no. Mientras los inmigrantes permanezcan en la ciudad autónoma, la península puede gestionar sus expedientes en la frontera exterior. Una vez trasladados, entran de hecho en el espacio de libre circulación europeo.

Eso es precisamente lo que Bruselas quiere evitar.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo ha cambiado además las reglas con las que se gestionaban anteriores crisis. El nuevo procedimiento fronterizo permite mantener durante un máximo de 12 semanas a los solicitantes en la frontera mientras se resuelve su situación. Y, cuando se deniega la protección, el procedimiento de retorno establece también su permanencia en zonas fronterizas o próximas a ellas, aunque permite utilizar otros puntos del territorio nacional cuando no exista capacidad suficiente.

Eso explica buena parte de lo que está ocurriendo en Ceuta. El Gobierno está obligado a encontrar espacio dentro de una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados al mismo tiempo que intenta identificar a miles de personas, tramitar solicitudes de protección y acelerar las devoluciones.

Ceuta convertida sala de espera

Interior ha asumido ante la Comisión Europea que no habrá «movimientos secundarios». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se lo garantizó el jueves al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante su reunión en Madrid junto a su homóloga de Inclusiones, Elma Saiz. El ministro pidió incluso a Bruselas que trasladara ese mensaje al resto de socios europeos. «España está garantizando que no se produzcan movimientos secundarios», sostuvo.

Italia mantiene controles sobre los viajeros procedentes de España desde comienzos de agosto y el Gobierno español ha respondido con una medida equivalente. Detrás de esa reacción está precisamente el temor europeo a que la crisis de Ceuta termine trasladándose al resto del continente. La consecuencia es que la ciudad autónoma se ha convertido, en la práctica, en la gran sala de espera de la crisis.

Sánchez ha defendido públicamente que la ciudad dispone de capacidad para gestionar allí los expedientes y el Ejecutivo trabaja ahora en ampliar las plazas disponibles. La Audiencia Nacional permitió este jueves poner en funcionamiento el campamento instalado en el puerto después de rechazar la petición del Sindicato Unificado de Policía para paralizarlo. El dispositivo tiene capacidad para alrededor de 1.700 personas.

Pero el problema permanece. No existe todavía una cifra oficial definitiva de cuántos inmigrantes continúan en Ceuta y quedan miles por alojar o terminar de identificar. La posibilidad de repartir esa presión territorialmente, como España ha hecho en otras crisis migratorias, está esta vez mucho más restringida. Los menores quedan fuera de ese esquema. Su situación jurídica es diferente y aquellos que no puedan ser reagrupados con sus familias tendrán que ser atendidos por las administraciones competentes, incluida su posible reubicación en la Península.

Feijóo vuelve a Bruselas

A la presión institucional de la Comisión se suma la ofensiva política que el PP ha llevado hasta Bruselas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo se reunió también con Brunner y, a través de sus delegados en el Parlamento, ha convertido la gestión de Ceuta en uno de los principales asuntos de su agenda europea. La Eurocámara aprobó el jueves una resolución que reclama reforzar la frontera, acelerar los retornos y aumentar la presión sobre Marruecos. El texto salió adelante por 339 votos frente a 225, con el apoyo del PPE, parte de los liberales y los grupos situados a su derecha.

El resultado deja al Gobierno atrapado entre dos exigencias que coinciden en un punto fundamental: Europa quiere que España controle la crisis en Ceuta y evite que se extienda al espacio Schengen.

Eso obliga a Sánchez a resolver en pocos kilómetros cuadrados una crisis que comenzó con decenas de miles de entradas en apenas dos días. Bruselas aporta dinero —la Comisión ha aprobado 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia—, Frontex y Europol colaboran sobre el terreno y el Gobierno reclama ahora procedimientos más rápidos de retorno. Pero la condición europea es igualmente clara: antes de repartir el problema, España tiene que resolver quién puede quedarse y quién debe volver.