La noticia más destacable del caótico traslado de migrantes desarrollado ayer en Ceuta fue que concluyó sin que se produjera una desgracia. El desalojo de cientos de personas que se hacinaban en precarios asentamientos en las playas del Trampolín y Benítez vivió momentos de fuerte tensión, avalanchas y cargas policiales. Incluso, obligó a algunos agentes a efectuar disparos al aire para mantener el orden en la reubicación de 1.700 inmigrantes en el campamento temporal levantado en el Puerto. La máxima coordinación que exige un dispositivo de esta envergadura volvió a hacer aguas. No solo por el peligroso colapso, con imágenes impropias de un territorio europeo, sino porque la acogida organizada 50 días después de la crisis sigue siendo insuficiente para la emergencia humanitaria y devolver la ansiada normalidad a la población ceutí: al menos 4.000 migrantes se quedaron sin plaza, lo que les empujará a deambular por las calles y ocupar de nuevo los arenales. Es evidente que Ceuta necesita todos los recursos del Estado para garantizar la calma y evitar cualquier incidente en su frágil convivencia. Pero también obliga a colaborar en la atención de miles de migrantes, muchos menores, que no pueden ser aún devueltos a Marruecos.