La politización de las fiestas exacerba la tensión entre partidos

EL CORREO 18/08/13

· La polémica que ha agitado los festejos de Llodio y Bilbao aboca a Euskadi, ya sin ETA, a revisar un modelo festivo no siempre plural.

Euskadi, 2002. El entonces alcalde de Vitoria, el popular Alfonso Alonso, acuerda con PSE y Unidad Alavesa una modificación del reglamento municipal para evitar que Batasuna lance el cohete inaugural de las fiestas de La Blanca con el argumento de que no se puede pasar por alto su «escalofriante insolidaridad» con las víctimas de ETA. El concejal de la izquierda abertzale al que por turno le tocaba prender la mecha, José Enrique Bert, organiza un txupinazo alternativo desde un balcón particular mientras el alcalde protagoniza el inicio oficial de las fiestas protegido por la Ertzaintza. Las cámaras de EiTB retransmiten el acto de la izquierda abertzale, lo que alimenta una fenomenal polémica

que el lehendakari Ibarretxe trata de atajar con un llamamiento a «rebajar la tensión y disfrutar de la fiesta». Euskadi, 2013. Sendos jueces de Vitoria y Bilbao anulan, al calor de dos recursos presentados por el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, los nombramientos como pregonero de Llodio del exalcalde de HB Pablo Gorostiaga, preso por el ‘caso Egin’, y de la txupinera de Bilbao, Jone Artola, hermana de un recluso de ETA, exdirigente de Etxerat y antigua integrante de listas ilegalizadas de Euskal Herritarrok y ANV. Los autos dan prioridad a la protección, legalmente amparada, de la dignidad de las víctimas y alientan, once años después, un agrio rifirrafe entre partidos, que el Ayuntamiento de Bilbao, gobernado con mayoría absoluta por el PNV, llama a superar para que la fiesta sirva exclusivamente para el «desahogo» ciudadano en estos ásperos tiempos de crisis. La txupinera, desposeída del título y del uniforme, ‘reina’, eso sí, en la balconada.

El paralelismo entre ambas estampas vascas es innegable. Impresiona, incluso. Cualquiera diría que el tiempo se ha detenido entre el ya lejano verano de 2002 y el presente, si no fuera porque, en estos once años, han sucedido muchas cosas. Aquel 4 de agosto en que Alfonso Alonso lanzó el txupinazo de las fiestas de Vitoria ETA asesinaba a centenares de kilómetros, con una bomba en un cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), a un hombre y a una niña de seis años. En este agitado inicio de la Aste Nagusia bilbaína la banda terrorista permanece inactiva tras anunciar, hace casi dos años, el cese definitivo de la violencia, en medio de rumores de un posible gesto simbólico de desarme a la vuelta de las vacaciones.

Un «nuevo tiempo» que para Bildu y el PNV –también para el PSE, que mantiene una posición intermedia– es incompatible con la «provocación» de Urquijo, que ha llevado a los nacionalistas (rivales por la hegemonía en el seno del abertzalismo, unidos ahora contra el PP) a exigir la desaparición de la figura del delegado del Gobierno. «La actuación de Urquijo es una torpeza que va en contra del nuevo tiempo. Precisamente este verano que estaba siendo modélico, ¡iba todo como una malva!», se lamenta Andoni Ortuzar, que parece genuinamente consternado por «el empeño del PP en poner en bandeja la sábana de plañidera a la izquierda abertzale». «Es de muy escasa inteligencia política», abunda el líder jeltzale.

Una alusión nada disimulada a la querencia victimista que el PNV siempre ha reprochado a Sortu, por más que en este asunto estén yendo de la mano y hasta se hayan copiado argumentos. La izquierda abertzale, que ha declinado hablar con EL CORREO para este reportaje, reprodujo el viernes el calificativo con que el burukide Koldo Mediavilla había calificado antes a Urquijo –«pirómano»– y el propio Ortuzar se lleva las manos a la cabeza ante un «sinsentido» que también ha denunciado Bildu: que Artola pueda ser lehendakari pero no lanzar el cohete de la Aste Nagusia. «Ni ellos (la izquierda abertzale) pueden patrimonializar el país, ni nadie puede intentar hacerles desaparecer porque son parte de esta sociedad», apostilla el presidente del EBB.

La escalada verbal, en todo caso, ha exacerbado hasta límites últimamente desconocidos la tensión política en este estío vasco, que, ya sin ETA y sin los coletazos de kale borroka de veranos anteriores, parecía discurrir por cauces distintos a los acostumbrados. Entonces, ¿por qué rebrota ahora la tensión? ¿Por qué el alivio de la presión ambiental que supone el fin de ETA no se traduce en una despolitización de las fiestas populares vascas?

Tapar «miserias»

La respuesta varía en función de a quién se le pregunte. Para el PNV y el PSE, la polémica refleja crudamente que «los extremos», término con el que aluden a Sortu y al PP, «se retroalimentan» y se niegan a pasar página «para tapar sus propias miserias», en palabras del portavoz socialista en el Consistorio bilbaíno, Alfonso Gil. El catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, comparte esta visión: «Es necesario que el mundo de Batasuna se inserte, pero no lo van a hacer renegando de lo que son, hay que tenerlo claro. Ésta es la metáfora de una sociedad aún muy polarizada en los extremos y un indicador de lo mucho que nos va a costar centrar el país», apunta, pesimista. Para el PP, aquellos que les critican «miran hacia otro lado» sin tener en cuenta que el afán del mundo radical por hacerse visible en los espacios festivos y anudarse el pañuelo siempre mirando hacia las cárceles puede reabrir dolorosamente la herida de las víctimas del terrorismo. «No podemos permitir que quienes aún están el tránsito a la democracia conviertan las fiestas en un perpetuo homenaje a los presos», defiende el portavoz popular en el Congreso Leopoldo Barreda.

Porque lo que trasciende como un hecho empírico e indudable es que, fiel a una tradición de décadas, la izquierda abertzale ha vuelto este verano a poner en marcha su maquinaria para que los ecos de sus reivindicaciones resuenen en todos los rincones «de Euskal Herria». Basta hacer un repaso somero y recordar, por ejemplo, la enorme ikurriña que desplegaron frente a la balconada del Ayuntamiento de Pamplona –que, por primera vez en la historia de los sanfermines, obligó a retrasar casi una hora el lanzamiento del txupinazo– o los nombramientos, en absoluto asépticos, de los mencionados Gorostiaga y Artola o del histórico fundador de HB Periko Solabarria, que leyó el pregón en Barakaldo pese a que el PSE gobierna el municipio. Los representantes socialistas en la comisión de fiestas votaron a distintas asociaciones locales lo que permitió que Bildu concentrara el voto y lograse designar a Solabarria.

Sin perder comba, como cuando hace cuatro años, en 2009, auparon a otra hermana de un preso de ETA al honor de lanzar el txupin en Bilbao. Entonces, la designación de Sonia Polo removió las aguas políticas aunque la polémica no llegó, como ahora, a los tribunales. Y eso a pesar de que, recién llegado Patxi López al Gobierno vasco, se ponía en marcha por aquellas fechas un despliegue policial –un antes y un después en Euskadi– para «eliminar espacios de impunidad» y retirar carteles, pintadas y pancartas que exaltasen a ETA, a sus presos o pudieran ofender a las víctimas.

En todos los partidos, algunos se hacen la pregunta de si, al margen de que la elección de personas próximas a Etxerat o a la izquierda abertzale pueda ser legal, «no hay otros que representen mejor el espíritu festivo» y que reflejen, además, la intrínseca «pluralidad» vasca. «Defendemos lo mismo que han defendido PNV y PSE durante mucho tiempo», se lamenta Barreda. De hecho, el equipo de gobierno comandado por Iñaki Azkuna apoyó en su momento la sanción que impidió a Kaskagorri y Txori Barrote –la comparsa a la que pertenece Artola– abrir sus txoznas durante dos años por exhibir simbología etarra, una decisión revocada después por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Bilboko Konpartsak promovió un plante para tratar de paralizar la fiesta y acusó al alcalde –de nuevo, el bucle que se repite– de actuar «como un pirómano».

Ahora, el PNV –a quien el juez echa en cara en su auto que haya consentido la designación de Artola– insiste en apelar a los vientos de paz que soplan en Euskadi. «Nadie puede dudar de nuestra firmeza. Hay que poner las fiestas en el centro y despolitizar la vida social», clama Ortuzar, tras recordar cómo el alcalde bilbaíno Robles, del PNV, perdió un ojo por una pedrada que le lanzó un joven radical.

¿Despolitizar? Atrás han quedado, es cierto, la guerra de banderas en el Ayuntamiento bilbaíno o las algaradas con barricadas incendiarias que solían convertir la Parte Vieja donostiarra en una ratonera. Atrás ha quedado también el grito de ‘jaiak eta borroka’ de los años de plomo: la izquierda abertzale defiende ahora, únicamente, que «fiesta y reivindicación» puedan ir unidas –como prueban los carteles a favor de la «amnistía» que copaban ayer cualquier vista aérea del Arenal bilbaíno– mientras el PNV enarbola el ‘jaietan jai’. Es decir, jolgorio y nada más.

«Que se vayan»

Pero la izquierda abertzale, igual que hizo en el postfranquismo –en los tiempos en que se lanzaba el kaiku al aire en las verbenas al grito de ‘Carrero voló’– y en la época de la ilegalización para propagar su iconografía y sus postulados cuando no podía –o no quería– valerse para ello de las instituciones, sigue siendo «maestra», según opina el profesor de Historia del Pensamiento Político de la UPV Pedro José Chacón, a la hora «de imponer su estética, sus consignas y sus logos» en los recintos de txoznas. «Es hipócrita y fariseo pedir que no se politicen las fiestas porque llevan años requetepolitizadas’. En los años de la Transición entonaban el ‘que se vayan’ contra la Guardia Civil y ahora se lo dicen a Urquijo. Es una cuestión de inercia: sigue habiendo un sector de la población, los que no somos nacionalistas, que jamás hemos hecho de las fiestas cauce de expresión ideológica. ¿Qué pasaría si alguien saca una bandera española?» se pregunta.

Otra cuestión en el aire es cómo conjugar la jarana con el amparo a las víctimas exigido por ley y, se entiende, por la ética. «Por supuesto que hay que proteger a las víctimas y hacer una lectura clara de lo que ha pasado en este país, pero querer hacer eso en fiestas es un despropósito. Para eso están el Parlamento y el Congreso», opina el socialista Gil, que pone el dedo en la llaga al exigir que los festejos en Euskadi se abran a la participación de asociaciones vecinales, culturales, de jubilados, deportivas, de comerciantes… En definitiva, que se hagan permeables al tejido asociativo de pueblos y ciudades, algo que no siempre ocurre. Si bien en Gipuzkoa, donde gobierna Bildu, no ha habido el menor asomo de gresca y en Vitoria, tras años de tensiones, los grupos municipales se reparten por turno la elección del encargado de abrir las fiestas, el caso bilbaíno simboliza el poder de las comparsas, en algunos casos escoradas hacia la izquierda abertzale. Todos los consultados hablan, con mayor o menor énfasis, de la necesidad de abrir las fiestas a «todas las sensibilidades». El reto es descubrir, ya en próximos veranos, cómo se logra eso.

 

 

De la ‘guerra de las banderas’ a la ley de protección a las víctimas

· Las fiestas en Euskadi han estado salpicadas de enfrentamientos políticos durante los últimos 35 años.

BILBAO. La tormenta política desatada después de que dos jueces anulasen la designación de Jone Artola y de Pablo Gorostiaga como txupinera y pregonero en las fiestas de Bilbao y Llodio, respectivamente, por su vinculación a organizaciones ilegalizadas, constituye el último exponente de las polémicas de carácter político que, verano tras verano, salpican las fiestas de las localidades de Euskadi.

Desde el inicio de la democracia hasta hoy, casi dos años después de que ETA anunciase el fin de la violencia, las principales fiestas patronales del País Vasco siguen marcadas por rifirrafes políticos que parecen repetirse con el paso del tiempo. Lo que sí ha cambiado en estos últimos 35 años es el motivo que ha hecho prender la llama de la disputa y también la intensidad de los enfrentamientos. Desde la legalización de la ikurriña en 1977 y hasta finales de la década de los 90, gran parte de la tensión en fiestas se focalizaba en los días en que los consistorios debían izar la bandera española.

Durante los primeros años, se organizaban en las calles auténticas batallas campales en los que grupos de radicales trataban de evitar que ondeará la enseña española en los ayuntamientos. Eran lo que se conocía como la ‘guerra de las banderas’. Una época repleta de graves incidentes que llevaron a muchos municipios a la decisión salomónica no colocar ningún tipo de símbolo. En las de San Sebastián de 1978, una persona resultó herida de bala durante los graves disturbios que se organizaron junto al consistorio. Y hasta mediados de los 90, grupos de encapuchados solían convertir el recinto festivo de Bilbao en el escenario de una guerrilla urbana, en el que incluso utilizaban cohetes de gran potencia para atacar a la Ertzaintza.

‘Tolerancia cero’

Estas batallas fueron perdiendo protagonismo en las calles de Euskadi con el cambio de siglo, en gran medida gracias a los fuertes dispositivos policiales. Pero los enfrentamientos políticos no desaparecieron. Ni mucho menos. Algunos de los casos que se repiten más en el tiempo han sido los reconocimientos y los homenajes a presos de ETA. Unas polémicas no exclusivas de las capitales, sino que se han sucedido con relativa frecuencia en localidades más pequeñas, como en Amurrio, en 2005, y en Igorre, en 2009. En este último municipio, el Ayuntamiento decidió suspender el pregón que iba a pronunciar un exetarra porque su nombramiento había sido suspendido cautelarmente por un juez.

En 2009, con el PSE recién llegado al Gobierno vasco, la Ertzaintza comenzó una campaña de ‘tolerancia cero’ con el objetivo de eliminar todos los símbolos de apoyo a ETA de las fiestas. Al año siguiente, las comparsas realizaron un día de plante para protestar por la sanción a dos agrupaciones que no cumplieron esa prohibición, desarrollada al calor de la Ley de Víctimas. «Las fiestas no están tan politizadas como antes», confesaba el presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Luis Garrido, en una entrevista que publicaba este periódico el viernes.

EL CORREO 18/08/13