José Ignacio Campos, teniente fiscal del Tribunal Supremo y encargado de las investigaciones prejudiciales sobre las finanzas de Juan Carlos I, ha aplazado ‘sine die’ el archivo de las primeras diligencias relativas al presunto cobro por el Rey emérito —por donación o por comisión— de 100 millones de dólares en 2008 a través de la Fundación Lucum, disuelta en 2012. Como informó este diario el pasado 30 de octubre, el fiscal delegado para delitos económicos y financieros había terminado las indagaciones llegando a la conclusión de que el padre del Rey era inimputable por los cobros percibidos mientras era Jefe del Estado, porque estaba amparado por la inviolabilidad prevista en el artículo 56.3 de la Constitución y, eventualmente, por efecto de la prescripción de los delitos que pudiera haber cometido.

 No obstante, José Ignacio Campos iba a resolver el archivo de esas diligencias como colofón a un ‘duro’ relato de los hechos investigados por la Fiscalía explicando las razones por las que no procedía interponer una querella criminal contra Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta resolución de la Fiscalía se esperaba para finales del pasado mes de diciembre o los primeros días de este enero. Sin embargo, las diligencias ya cerradas se han reabierto a partir de los datos proporcionados por la representación de Juan Carlos I, que procedió el 9 de diciembre a la regularización fiscal voluntaria de las cantidades percibidas, gastadas y no declaradas por el anterior jefe del Estado en los años 2016, 2017 y 2018. Estas cantidades eran depositadas en cuentas contra las que se sufragaban atenciones de distinta naturaleza como restaurantes, hoteles, viajes y regalos. Los pagos no se hicieron mediante tarjetas a nombre del Rey emérito u otros miembros de su familia —en ningún caso, los Reyes y sus hijas— sino a través del coronel Nicolás Murga, exayudante de campo de Juan Carlos I.La regularización fiscal voluntaria del Rey emérito se tramitó con la presentación de dos escritos ante la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. El primero era el modelo 651, por el que se autoliquidaba el impuesto de donaciones no satisfecho en los ejercicios anteriores de 2016, 2017 y 2018. La cuota a pagar calculada en la autoliquidación era de 533.000 euros, a los que se sumaban otros 235.000 en concepto de interés de demora y multa. Junto a este formulario, la representación de Juan Carlos I acompañó otro documento que contenía la explicación de las cantidades percibidas y los pagos efectuados y explicaba la razón de que el Rey emérito se acogiera al impuesto de donaciones y no al de IRPF aunque le hubiese sido más beneficioso. Ambos documentos, acompañados de otro, se presentaron también ante la Agencia Tributaria para que tuviera conocimiento de la autoliquidación y consiguiente regularización, ya que el impuesto de donaciones y sucesiones es de carácter autonómico y no estatal.

 Toda esta documentación y el expediente completo fueron requeridos por la Fiscalía ante el Supremo. Una vez estudiados, José Ignacio Campos y el equipo de fiscales que colabora en la investigación han llegado a la conclusión inicial de que las cantidades recibidas por el Rey emérito para gastos diferentes —parte de los cuales, pero no necesariamente todos, según fuentes de la investigación, procedían de donaciones del millonario mexicano y amigo de Juan Carlos I, Allen Sanginés-Krause— exigen ser cotejadas porque podrían traer causa de operaciones financieras investigadas en las primeras diligencias e implicar a otras personas o entidades hasta ahora no contempladas en los trámites de la Fiscalía, que ha recibido declaración del coronel Nicolás Murga y de Allen Sanginés-Krause, pero que citará a otros posibles suministradores de las cuentas contra las que se hicieron los pagos del Rey emérito. También se comprobará si esas cantidades eran donaciones y si los depósitos de efectivo en ellas respondían a otra razón diferente a la mera liberalidad del amigo mexicano de Juan Carlos I.Dadas las indagaciones adicionales que José Ignacio Campos considera necesarias para aclarar por completo la primera de las tres diligencias pendientes en la Fiscalía ante el Tribunal Supremo en que se investiga al Rey emérito, se aplaza su archivo y se detiene la redacción del relato de hechos investigados por si hubiera que añadir algún otro episodio o, incluso, si no procediera, como se pensaba inicialmente, el archivo de las averiguaciones prejudiciales. Además, la Fiscalía, ante la nueva situación, está pendiente de emitir el informe preceptivo sobre la querella criminal interpuesta por Izquierda Unida contra Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Supremo, querella que amplió el pasado 17 de diciembre incluyendo las donaciones regularizadas y dirigiendo la acción, además de contra el Rey emérito, contra Álvaro de Orleans, el abogado Dante Canonica, el coronel Nicolás Murga y Allen Sanginés-Krause.

La situación creada por la continuación sobrevenida de la tramitación de las primeras averiguaciones prejudiciales de la Fiscalía —en octubre, ya prácticamente cerradas— y las decisiones que se puedan tomar por el fiscal suizo Yves Bertossa en las próximas semanas, cierra el horizonte a un rápido desenlace de las investigaciones sobre las operaciones financieras de Juan Carlos I y aleja su eventual regreso a España, que se produciría si fuese llamado por la Justicia en la incoación de un procedimiento judicial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La Zarzuela y la Moncloa no tienen previsto a día de hoy ningún plan de contingencia para la repatriación de Juan Carlos I.